El Gobierno penará los disturbios callejeros con dos años de cárcel antes de final de año
- Los castigos se elevarían hasta los dos años de cárcel.
- Los fiscales podrán solicitar el ingreso provisional en prisión de los autores.
- Igualará los disturbios en la calle y los enfrentamientos con la policía a los actos protagonizados por simpatizantes de la izquierda abertzale en el País Vasco.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, confirmó este lunes que el Gobierno prepara un endurecimiento del Código Penal para actuar contra quienes protagonicen violencia callejera, anunciando, además, que quiere tener lista la modificación antes de que acabe el año en curso.
En declaraciones antes de acceder a la sede nacional del PP, el máximo responsable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado explicó que la reforma que propone elevará a un mínimo de dos años (y un máximo por definir) las penas de cárcel contra quienes participen en actos de violencia callejera, disturbios, destrozos del mobiliario urbano o enfrentamientos con las autoridades.
De acuerdo al nuevo texto, los fiscales podrán pedir que los arrestados ingresen en prisión provisional a la espera de juicio, medida que dependería, en cada caso, del juez.
Los incidentes del 29-M
El Gobierno, según el ministro del Interior, trabaja en esta reforma con plazos marcados: quiere aprobarla en Consejo de Ministros antes del parón veraniego y terminar su tramitación parlamentaria antes de fin de año.
De aplicarse, la medida igualaría los castigos para escenas como las vistas en Barcelona el pasado 29 de marzo, día de la huelga general, a los que se activan contra el llamado terrorismo callejero (kale borroka). En el caso de la capital catalaña, distintos grupos de encapuchados golpearon con mazas los escaparates de bancos, comercios y oficinas, quemaron contenedores de basuras en la vía pública y lanzaron piedras a la policía.
Los ministerios de Interior y de Justicia trabajan conjuntamente en la reforma, si bien los trabajos se han acelerado a raíz de los incidentes acaecidos en la ciudad y que, según las autoridades locales, costarán al herario público más de 595.000 euros.
"En Barcelona se ha puesto de manifiesto que hay radicales y violentos que usan esos eventos para actuar como auténticas guerrillas urbanas, y junto a Justicia preparamos una respuesta del Código Penal adecuada a la altura de la agresión que se está formulando a la sociedad", resumió el ministro, acompañado en su comparecencia improvisada por la líder del PP de Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho.
Fernández Díaz recalcó que una medida así no hace de España un caso único, sino que homologa al país con otros del entorno, especialmente Francia y Reino Unido.