Ésta es una de las novedades del anteproyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE), presentado ayer por la ministra de Educación, María Jesús San Segundo.
Cuatro leyes para un niño
Los primeros cambios entrarán en vigor en el curso 2006-2007, por lo que un alumno de 15 años vivirá cuatro reformas (ver gráfico). El eje del texto es mejorar la lectura, la escritura y las matemáticas.
Otro de los cambios es que se repetirá curso con cuatro suspensos (uno más que ahora). Uno de los puntos más conflictivos de la anterior ley –la de Calidad del Gobierno del PP– era la prueba general de bachillerato o reválida. Sí se mantiene una prueba de acceso a la universidad.
La polémica por la asignatura de religión no se ataja: todos los centros la ofrecerán, pero no será obligatoria ni computable. Como novedad se estudiará educación para la ciudadanía.
Elogios, peros y críticas
La Confederación Nacional Católica de Padres de Alumnos aseguró que la nueva ley parece que «no aporta soluciones para combatir el fracaso escolar». En cambio, los padres de Ceapa aplaudieron la implantación del inglés y las nuevas tecnologías en infantil. Además, para la secretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, la propuesta empobrece la calidad de la enseñanza. Y el Sindicato de Estudiantes cree que el texto no beneficia a los centros públicos.
Refuerzo contra el fracaso
Uno de los objetivos de la nueva ley es evitar el fracaso escolar, por lo que se implantarán clases de refuerzo desde primaria. Así los alumnos pasarán de curso con buen nivel.
Medidas a favor de inmigrantes
Está previsto un incremento de las subvenciones a los centros concertados que se muestren comprometidos con los inmigrantes y con alumnos con problemas de aprendizaje.
Programas de inserción laboral
La ley prevé programas de cualificación profesional para jóvenes de entre 16 y 21 años sin el título de secundaria. Los planes están orientados a la inserción laboral.
Reducción de asignaturas
Para facilitar el paso de primaria a secundaria, en 1º y 2º de ESO se pasa de las diez asignaturas (11 en las comunidades con lengua propia) a ocho (nueve en las citadas autonomías).
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