Joaquín Almunia aboga por que el Gobierno asuma el coste de las preferentes

El comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, ha defendido este martes que una vía para solucionar el problema de los afectados por las participaciones preferentes sea que el propio Gobierno -o las comunidades autónomas- asuman su coste con una línea que se abra en sus presupuestos.

En un curso sobre el euro organizado por la UIMP, Almunia ha señalado que no le gusta que se diga que es Bruselas quien bloquea la solución de las preferentes.

Almunia ha incidido en que una entidad que ha recibido ayudas públicas no puede utilizar una parte de ese dinero para convertir las preferentes a un precio diferente al del mercado.

El comisario ha defendido que sea el propio Gobierno quien encuentre una solución para esos pequeños ahorradores que no conocían lo que firmaban, y que puede ser abriendo una línea en los presupuestos que compense a esos ciudadanos.

En su opinión, el caso de las preferentes es totalmente distinto a otros como la estafa de Fórum y Afinsa, ya que se trata de un activo perfectamente regulado por la CNMV.

Almunia ha pedido a los ahorradores que se informen bien sobre los productos en los que depositan su dinero.

Las participaciones preferentes son productos complejos, perpetuos y con una rentabilidad supeditada a que la entidad emisora tenga beneficios.

Se comercializaron de forma masiva a partir de 2003 para captar fondos, en muchos casos entre simples ahorradores sin capacidad para comprender los riesgos que llevaban asociados.

Durante años la tenencia de preferentes no supuso un problema, ya que cuando el cliente deseaba recuperar su dinero solo tenía que solicitarlo a su entidad financiera, que vendía el producto a otra persona, normalmente al mismo precio.

Sin embargo, cuando se recrudeció la crisis financiera se redujo la demanda y esto provocó un doble problema: no había compradores para las preferentes y las escasas operaciones que se realizaban se hacían a un precio muy por debajo del nominal, lo que dejaba "atrapados" los ahorros, según las asociaciones de consumidores.

En 2009, las entidades bancarias tenían necesidad de recapitalizarse y muchas de ellas lanzaron una importante emisión de preferentes (las cajas que componen Bankia no fueron las únicas, también La Caixa, BBVA o Santander, hicieron lo propio).

Este producto financiero, que contó con las bendiciones de los organismos reguladores, era una inversión que tenía como principal gancho una alta rentabilidad, un 7%, pero también un riesgo elevado—así lo describía la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)—, no estaba cubierto por el Fondo de Garantía de Inversiones y tenía caracter permanente. Ni siquiera obligaba a pagar intereses cuando la empresa emisora tuviera pérdidas, lo que terminó ocurriendo.

Por todo ello, se obligaba a cumplira la normativa Mifid (unos test para evitar que unos clientes inadecuados opten por ese producto) e informar de los riesgos. Solo la emsión de Caja Madrid de 2009 dejó unos 120.000 afectados, según los datos manejados por Adicae.