Los funcionarios trasladan sus problemas por los recortes al presidente y al secretario de gobierno del TSJA

Representantes de los sindicatos que conforman la Plataforma en Defensa de la Justicia en Andalucía (CSI-F, SPJ-USO, CCOO, UGT y STAJ) se han reunido este jueves con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río y el secretario de gobierno, a quienes han trasladado un escrito trasladando su preocupación por los recortes e informándoles del calendario de movilizaciones previsto.

Representantes de los sindicatos que conforman la Plataforma en Defensa de la Justicia en Andalucía (CSI-F, SPJ-USO, CCOO, UGT y STAJ) se han reunido este jueves con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río y el secretario de gobierno, a quienes han trasladado un escrito trasladando su preocupación por los recortes e informándoles del calendario de movilizaciones previsto.

Los representantes de la Plataforma han informado de las medidas que van a poner en marcha los funcionarios de justicia a partir del próximo mes de septiembre como respuesta a los recortes salariales y laborales a los que están sometidos.

En particular, el cumplimiento estricto de la legalidad vigente en materia de inmediación y fe pública, informando a los ciudadanos de sus derechos en tal sentido, y en materia de protección de datos personales, no facilitando información telefónica sobre datos de esa índole. Los representantes sindicales han hecho hincapié en su voluntad de llevar a cabo las medidas de presión sin ánimo de confrontación con jueces, fiscales y secretarios judiciales.

El presidente del TSJA y el secretario de gobierno han puesto de manifiesto su comprensión por la situación laboral y económica actual de los funcionarios, al tiempo que han realizado un reconocimiento expreso de la cualificación y esfuerzo que realiza en general el colectivo del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia, informa el TSJA en un comunicado.

Igualmente, han expresado el deseo de que la ejecución de las medidas anunciadas se lleve a cabo con la menor afectación posible de los derechos de los ciudadanos y de la prestación del servicio público, así como que no contribuya a un mayor deterioro de la imagen de la Justicia.

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