La Junta quiere cambiar las parcelas de Medina Azahara por viviendas

El presidente Manuel Chaves afirma que hay que buscar otra zona lejos del monumento para reubicar a los parcelistas.
La Junta no da su brazo a torcer y no consentirá ninguna iniciativa encaminada a legalizar las parcelas dentro del Plan Especial de Protección del Conjunto Arqueológico de Medina Azahara. Así lo confirmó ayer el presidente de la Junta, Manuel Chaves, en su visita a Córdoba, quien ratificó su postura de buscar, en colaboración con el Ayuntamiento, unos terrenos para evacuar a los residentes de estas parcelas.Para Chaves, la solución pasa porque dentro de un plazo de tiempo determinado se llegue a un consenso entre todos «para trasladar esas parcelas a otros terrenos y construir unas viviendas dignas para los parcelistas». Eso sí, el presidente de la Junta matizó que las viviendas no serán financiadas en exclusividad por las administraciones y que los afectados tendrán que poner dinero de su bolsillo para hacer el traslado.

A su juicio, la postura del Ayuntamiento de apostar por la regularización de estas viviendas «es ir en contra de la legalidad del Estado de Derecho». Chaves apunta que «todos estamos obligados a cumplir la ley». De igual modo, recordó que «hay un plan general, hay una ley de ordenación urbanística en Andalucía y hay un plan especial de protección, por lo que ninguna administración puede saltarse esa legalidad».

Por otro lado, también se apuntan a este carro Los Verdes, que recurrirán la situación de las viviendas ilegales en el entorno de Medina Azahara ante la Unesco y la Unión Europea.

«No nos damos por enterados»

«Nosotros ya tenemos casa y no nos hace falta que vengan ahora a buscarnos otra nueva». Con estas palabras contundentes respondía la presidenta de los vecinos de la urbanización de parcelas de Córdoba La Vieja, María Teresa Polo, a la propuesta de la Junta de Andalucía de buscar otros terrenos para trasladar sus viviendas. «Esto se lo han sacado de la chistera ahora y nosotros no nos damos por enterados», matiza la representante de los parcelistas, que niega que se hayan puesto en contacto con ellos «los que deben hacerlo».

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