Canarias registra más de 660 sanciones por pesca ilegal en 2011

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, a través del Servicio de Inspección Pesquera y en colaboración con agentes de la Guardia Civil y otros Cuerpos de Seguridad, tramitó en 2011 y en el ámbito de sus competencias un total de 661 expedientes sancionadores por pesca ilegal profesional (25) y recreativa (435) en aguas interiores, marisqueo en aguas interiores y exteriores (162) y comercialización (39) en las dos provincias canarias.

El consejero del área, Juan Ramón Hernández, ha explicado que Gran Canaria y Tenerife son las islas que registraron mayor número de expedientes, con 212 y 197 respectivamente, seguidas de Fuerteventura con 94, Lanzarote con 67, El Hierro con 54, La Palma con 29 y La Gomera con 8.

A estos datos habría que sumar los expedientes realizados por la Administración General del Estado por prácticas ilícitas en el ámbito de sus competencias en las aguas exteriores del archipiélago.

Hernández ha aclarado que, en general, la comisión de infracciones sufre un incremento durante los meses de junio a septiembre y de Semana Santa, básicamente debido al buen estado del mar y al aumento de visitantes en las islas de Fuerteventura, Lanzarote y El Hierro durante dichos periodos.

Las actuaciones que desarrolla la Consejería para evitar la comisión de infracciones pesqueras, marisqueras o en el ámbito de la comercialización de estos productos se llevan a cabo por efectivos propios constituidos por los agentes de Inspección Pesquera, cuya actividad se complementa por los efectivos de la Guardia Civil, así como por los que tienen destinados los Cabildos en actividades de protección de los recursos naturales, entre los que se encuentran los de naturaleza pesquera y marisquera.

El consejero ha explicado que el Servicio de Inspección de la Viceconsejería de Pesca y Aguas desarrolla este control con un total de 23 efectivos a nivel regional —dotados de 20 vehículos y 12 embarcaciones—, a los que se suman los estatales de la Guardia Civil (Seprona) y otros Cuerpos de Seguridad como la Policía Canaria y la Policía Local, así como los efectivos de que disponen los distintos Cabildos destinados a labores de protección de los recursos naturales.

Control de las actividades pesqueras

El control de las actividades pesqueras en las islas corresponde tanto a la Comunidad Autónoma respecto de las aguas interiores del archipiélago, como a la Administración estatal en relación a las aguas exteriores. El control de las actividades marisqueras en las islas corresponde al Gobierno canario respecto de la zona Marítimo-terrestre, aguas interiores del archipiélago, en el mar territorial y en la zona económica exclusiva, tal como establece la normativa vigente.

Las diferentes actuaciones que se desarrollan inciden sobre las actividades de tipo pesquero que puedan realizarse en materia de pesca y marisqueo profesional, así como aquellas otras que podrían situarse dentro del ámbito recreativo con incidencia en los recursos pesqueros y marisqueros.

Al mismo tiempo, el consejero resaltó que se viene desarrollando una importante labor en el ámbito de la comercialización a través de actuaciones en distintos establecimientos donde ésta tiene lugar (pescaderías, mercados, establecimientos de restauración) con el fin de detectar la procedencia de los productos de la pesca que no hayan cumplido con los requisitos legales para poder ser comercializados, como son las normas de origen, tipo de captura, especies, tallas, lo que es una herramienta "muy importante" para evitar o disminuir significativamente las prácticas furtivas.

Prácticas ilegales

Las infracciones derivadas de la realización de prácticas ilegales en materia pesquera se encuadran en pesca recreativa, como la práctica de la actividad sin licencia, la pesca submarina en zona no autorizada o el exceso de kilos autorizados por ley; profesional, pesca con artes prohibidas o intrusismo profesional, entre otros; marisqueo, capturas en periodos de veda y/o en días no autorizados de especies protegidas o incumplimiento de tallas mínimas, y comercialización.

En este último caso se refieren a productos que incumplen los requisitos legales para poder ser comercializados como falta de justificante de haber pasado por un punto de primera venta autorizado careciendo de la correspondiente etiqueta de primera venta, o venta de piezas que incumplen tallas mínimas, entre otras.

"Este tipo de acciones son fundamentales para mejorar la calidad de los productos pesqueros que se comercializan en el Archipiélago, así como para preservar los recursos marinos y el medio ambiente, garantizando así la continuidad de actividad pesquera tradicional", comentó el titular del Área. "La práctica ilegal, no declarada ni regulada es una de las amenazas más graves que planea sobre la pesca en las islas", agregó.