El Tribunal de Cuentas aconseja no incluir a los partidos políticos en la ley de transparencia

En medio de la polémica por el caso Bárcenas y por la publicación de la renta y patrimonio de los cargos públicos, el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, ha aconsejado este martes a los ponentes de la ley de transparencia no incluir a los partidos en el ámbito de aplicación de dicha ley.

Álvarez de Miranda ha reconocido que existe una "demanda social de mayor transparencia" en torno a los partidos y también a las organizaciones sindicales y empresariales, pero ha abogado por la fórmula de "incorporar mayores criterios de transparencia en la legislación específica de cada entidad".

Creo que es más razonable incluir en la Ley Orgánica de Financiación de Partidos la obligación de publicación de los datos necesarios para incrementar los niveles de transparencia", ha afirmado.

No obstante, ha señalado que la decisión es de "carácter político" y que no hay "razones técnicas" que apoyen su opción.

En su comparecencia en calidad de experto en la Comisión Constitucional del Congreso, Álvarez de Miranda se ha pronunciado así sobre uno de los principales problemas que ha planteado la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno desde que empezó su tramitación parlamentaria: el del su ámbito de aplicación.

A este respecto, sólo los grupos minoritarios apuestan abiertamente por incluir en el ámbito de aplicación de dicha ley a los partidos y otras entidades de naturaleza privada.

"Me parece negativo que se hable de una ley anticorrupción. Sería un mal negocio acabar reduciendo esta ley a eso", ha dicho la diputada socialista Meritxel Batet.

"No es posible hablar de transparencia si no contamos con órganos fiscalizadores creíblemente independientes", le ha dicho, por su parte, el diputado de la Izquierda Plural Joan Josep Nuet a Álvarez de Miranda.

Éste ha insistido en defender la independencia del órgano fiscalizador y la mejora que, a su juicio, supone la reforma de la ley de financiación de partidos aprobada en diciembre de 2012 para abordar el control de "redes ilegales de financiación de partidos".

A ese respecto ha explicado que el tribunal va a acceder a partir de ahora al conjunto de información que antes le denegaba el Banco de España "en el terreno de eventuales condonaciones de créditos de los partidos políticos y en la identificación del conjunto de cajas pagadoras que manejan los partidos a lo largo y ancho del territorio nacional".

No obstante, ha recordado que el Tribunal de Cuentas todavía no tiene "acceso a los datos de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social como elementos adicionales a las comprobaciones" que está llevando a cabo en él ámbito de la financiación de partidos y ha emplazado a los parlamentarios a abordar esa y otras medidas "pendientes".

En nombre del PP, José Antonio Bermúdez de Castro ha escenificado una actitud de "mano tendida" a la oposición para consensuar esta una ley, mientras que fuera del Parlamento los dirigentes políticos han seguido alimentando el debate de las cajas B y las responsabilidades de la corrupción.

El secretario de Organización del PSOE, Óscar López, ha dicho en Jaén que "tenemos un presidente atado al caso Bárcenas y al caso Gürtel" y ha vuelto a pedir la dimisión de Rajoy.

Entretanto, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha abogado por "seguir saneando la política" y ha admitido que hay "un problema" en el PP, aunque ha asegurado que se está "acotando" gracias al funcionamiento de la Justicia y otras instituciones.

Precisamente contra Montoro empezará este miércoles el PSOE su proceso de petición de reprobación, con una interpelación en el pleno del Congreso sobre la amnistía fiscal y el caso Bárcenas.