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El fiscal eleva a 18 años las penas para Antonio Toro y Trashorras por tráfico de explosivos y droga

El ex minero Emilio Suárez Trashorras, en una imagen tomada durante el juicio en Gijón.
J.L. Cereijido / EFE

El fiscal antidroga de Asturias, José Perals, ha elevado la petición de penas a 18 años y medio y a 18 años para Antonio Toro y José Emilio Suárez Trashorras respectivamente, ambos procesados también en el sumario del 11-M, por tenencia, depósito y tráfico de explosivos y por tráfico de drogas.

La fiscalía había solicitado inicialmente para Antonio Toro diez años y seis meses de prisión por el delito contra la salud pública y siete años por tenencia de explosivos, que ahora ha elevado a la pena máxima tipificada en el Código Penal.

Perals presentó el jueves su escrito de calificaciones en la sesión del juicio por el caso Pipol que se celebra en la sección octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón.

No son las coclusiones iniciales

El fiscal introduce así algunas modificaciones en las conclusiones sobre la forma en la que algunos de los acusados conseguían la droga en Galicia y Madrid, así como en el número de veces en que Toro y Trashorras mostraron explosivos y detonadores al confidente Francisco Javier Lavandera.

La fiscalía pide también para los dos procesados multas de 218.000 euros.

Otra de las modificaciones que incluye el fiscal tras oir a los acusados, los testigos y la audición de las grabacaiones telefónicas, fue que los acusados Jorge C. M. y Antonio R. F. compraban droga al narco gallego Marcos B. M. y una vez adquirida la droga en Galicia la transportaban hasta Asturias donde a su vez la vendían a terceras personas.

Así por ejemplo, el 24 de mayo de 2001, Antonio R. F. viajó hasta Santiago de Compostela adquiriendo un kilo de cocaína al acusado Marcos B. M. por cinco millones de pesetas.

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