La Policía Nacional detuvo este jueves a 18 personas vinculadas a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que se encerraron en la sede de la Sociedad de Gestión de Activos Inmobiliarios procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el 'banco malo'.
Varias decenas de personas se congregaron sobre la una de la tarde frente a la sede, ubicada en el Paseo de la Castellana número 89, para apoyar a un grupo de ciudadanos que serán desahuciados por impago de la hipoteca. Mientras unas cuarenta permanecían en el exterior, una treintena accedió a la oficina y efectuó pintadas.
El director de la sucursal interpuso una denuncia ante la Policía pasadas las cuatro de la tarde por allanamiento de morada y los antidisturbios instaron a abandonar el edificio a los concentrados, pero estos se negaron. Tampoco accedieron a identificarse, por lo que finalmente fueron desalojados y detenidos, acusados de los delitos de allanamiento de morada y resistencia y desobediencia a la autoridad, pasadas las 16.30 horas.
Según la Policía Nacional, durante la salida no se produjeron incidentes, aunque varios de los presentes aseguraron haber sufrido golpes y contusiones.
Protestas ante Gallardón o Pons
La acción de tomar el banco malo se enmarca dentro de la campaña de "escrache" (manifestación de activistas en el lugar en el que desarrolla su actividad el sujeto de la protesta o frente al domicilio de cargos públicos) de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca para que el Gobierno de Mariano Rajoy apruebe el proyecto de reforma de legal que han presentado en el Congreso vía iniciativa legislativa popular (ILP) y que contempla la dación en pago retroactiva.
La Plataforma ya ha protestado ante los domicilios del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, o del dirigente del Partido Popular Esteban González Pons. También han recibido con pitos y protestas a los diputados del Congreso que llegaban a la estación de Atocha en los últimos días.
El Gobierno, que en principio se negaba siquiera a examinar el texto en el Cámara Baja, aceptó someterlo a tramitación, aunque la propuesta será rechazada en última instancia gracias a la mayoría absoluta del PP.
La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea considerando ilegal y abusiva la legislación española de desahucios ha movido al Ejecutivo central de su posición, pero solo en parte. Mariano Rajoy aseguró que su gobierno cumplirá la ley y reformará la normativa, pero seguirá sin aceptar la dación en pago retroactiva, lo que ha desatado nuevas protestas.
En los juzgados y en la Asamblea
Este mismo jueves, un grupo de activistas fue expulsado de la Asamblea de Madrid por interrumpir la sesión y gritar consignas a favor de la dación en pago. Además, 200 personas se concentraron por la mañana en los juzgados de Plaza de Castilla para apoyar a los 15 miembros de la Asamblea de Vivienda juzgados por desórdenes públicos. El grupo ocupó el pasado mes de noviembre una sucursal bancaria en defensa del derecho a la vivienda.
A la puerta de los juzgados, la presidenta de la Coordinadora Nacional de Ecuatorianos (Conadee), Aida Quinatoa, afirmó que la resolución de Estrasburgo contra la ley del desahucio española supone "un pelotazo" que les anima a seguir luchando en defensa de sus derechos. El presidente de la Asociación Nacional de Desempleados (Adesorg), Luis Fernández, insistió en que hay que dejar patente que "ya está bien el atropello a la sociedad".
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