El exalcalde de Alicante Díaz Alperi, imputado por fraude fiscal, defiende su inocencia ante el juez

El exalcalde de Alicante y diputado autonómico del PP, Luis Díaz Alperi, se ha mostrado "satisfecho" tras declarar este lunes durante dos horas ante el juez como imputado por un supuesto fraude fiscal en una pieza separada del caso Brugal.

Así ha confirmado que ha respondido a las cuestiones planteadas por todas las partes, que se sentía "bastante satisfecho" con el resultado de su comparecencia y que "evidentemente" había defendido su inocencia en relación con el supuesto fraude fiscal cometido durante tres años que asciende a 682.681 euros.

La investigación se abrió tras la denuncia presentada por la Fiscalía Superior de la Comunitat ante la Sala de Lo Civil y Penal del TSJCV contra el exalcalde y tres personas más por tres supuestos delitos fiscales.

La denuncia detalla que la mayor parte de la cantidad supuestamente defraudada (405.351 euros) se refiere a 2007, cuando el dirigente popular tuvo unos ingresos reales de un millón de euros y únicamente declaró unas retribuciones de 113.250,89 euros por sus cargos públicos.

De 2008, se considera que defraudó por 144.862 euros por incremento patrimonial no declarado en torno a la adquisición de una embarcación tipo catamarán de 15,54 metros de eslora, bautizada con el nombre de "Akra Uno", para lo cual habría usado la sociedad instrumental "Andarx Business SL".

Del tercer y último ejercicio analizado, 2010, la Fiscalía considera que la cantidad que Díaz Alperi debió pagar a la Agencia Tributaria asciende a 132.468 euros, también en relación al catamarán, aunque por cambios en la propiedad del mismo junto a Antonio Solana. Ç

Además de estas dos comparecencias, el instructor ha citado a declarar a varios testigos entre el 3 y el 23 de mayo, entre ellos diferentes cargos del Club Náutico de Alicante (presidente, gerente y el contramaestre/comodoro), llamados para el día 3.

Díaz Alperi también está imputado en la rama del caso Brugal que investiga supuestas ilegalidades en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, al apreciar el juez indicios de supuestos delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho.