Sindicatos de Sanidad, Educación y Administración General de la Junta ven un "despropósito" el "recorte" en pagas extras
Los sindicatos profesionales e independientes de Sanidad, Educación y Administración General de la Junta de Andalucía se han unido para luchar contra lo que consideran un "auténtico despropósito" al funcionario público andaluz y un "discriminatorio recorte económico" al eliminarles el complemento adicional de las pagas extras de junio y diciembre de este año.
Este nuevo frente común está constituido por la Federación Andaluza de Sindicatos Profesionales e Independientes (Faspi), integrada por los sindicatos Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), Sindicato Médico Andaluz (SMA) y Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA); Federación de Sindicatos de Educación y Sanidad (FSES) formado por el Sindicato de Enfermería (Satse) y Sindicato Independiente de Profesores (ANPE); Federación Andaluza de Técnicos Superiores Sanitarios (FATE); y Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE).
Estas organizaciones han mostrado su "absoluto desacuerdo" a unas medidas de "recorte arbitrarias, injustas y que incumplen los principios constitucionales". Los siete sindicatos han advertido de la "discriminación común" que padecen los colectivos funcionariales, que serán "los únicos" en España que soportarán "los recortes" en las pagas extraordinarias de los meses de junio y diciembre de 2013.
Han señalado que la reducción de las complementos adicionales es una medida para cumplir los objetivos de déficit. Con esta medida, aplicable también al personal laboral y unida a la reducción de un diez por ciento de las percepciones variables, se preveía ahorrar, tal y como matiza el plan de reequilibrio económico financiero, 142,8 millones de euros.
El gasto total en complemento específico del personal funcionario de la Administración ha tenido un descenso del año 2012 a 2013 de 284,7 millones de euros, cuantía resultante de cotejar la diferencia en el coste total en dicho concepto de los presupuestos de 2012 y 2013.
La no percepción de las dos pagas adicionales del personal funcionario y estatutario de la Junta de Andalucía supone un ahorro para la Administración de 249,2 millones de euros, montante muy por encima del ahorro necesario en el plan de reequilibrio económico-financiero, por lo que se preguntan sobre dónde se destinarán los 106,4 millones de euros de diferencia.
Los sindicatos manifiestan su "indignación" ante unos recortes que inciden "bruscamente" sobre el funcionario en beneficio de "multitud" de conceptos presupuestarios "prescindibles" y que han permanecido "inalterables". "Es inconcebible que las medidas de contención siempre recaigan sobre los ciudadanos, los servicios públicos y el personal que accede a la administración por procedimientos reglados, mientras la costosa externalización o los privilegios económicos de altos cargos y diputados, entre otros despilfarros de plena actualidad, quedan intactos", han subrayado.
Las federaciones consideran "insultantes" las "excusas" de ahorro para volver a "perjudicar" a un colectivo garante de los derechos de los ciudadanos y, sin embargo, "no se aminoren partidas económicas tan cuantiosas como las percibidas por los diputados andaluces, objeto de críticas en los medios de comunicación.
Según apuntan, ya se han tomado las primeras medidas contra el "recorte" como la exigencia por escrito a la Consejería de Hacienda y Administración Pública, de iniciar las vías de legislación de urgencias previstas en el Estatuto de Autonomía o las medidas necesarias para derogar los artículos 7.1 de la Ley 3/2012 y 13.5 de la Ley 5/2012 y abonar al personal funcionario las pagas adicionales del complemento específico correspondientes a los meses de junio y diciembre.
Los funcionarios de la Junta han recordado que "llevan años marcados por los tijeretazos", ya que desde 2010 arrastra en la Administración General la congelación salarial con una pérdida de poder adquisitivo superior al 30 por ciento, la disminución del sueldo base, trienios, complemento de destino, complemento específico y productividad y la merma de la paga extra entre un 46,30 por ciento y un 1,3 por ciento, dependiendo del grupo.
Hay que añadir la eliminación de la última paga extra, la rebaja de días de asuntos propios, el aumento de la jornada laboral, la suspensión de ayudas de acción social, la ausencia de OEP y el consiguiente aminoramiento de funcionarios. "Todos estos recortes se mantienen actualmente, por lo que la nueva poda del Gobierno autonómico a la paga extra supone un sacrificio insostenible", han explicado.
También han hecho referencia a los efectos "colaterales" provocados por los recortes en Sanidad como la extensión de las contrataciones a tiempo parcial del personal temporal, que se han generalizado al 75 por ciento de la jornada e incluso al 50 por ciento y últimamente se ha batido el récord con un contrato anual de once horas. Esto, según detallan, provoca "un exagerado aumento de las cargas de trabajo, al no llevarse a cabo sustituciones". "Se está tendiendo a un claro desmantelamiento del sistema sanitario" y estos "recortes", apuntan, van en "detrimento de la calidad asistencial y en el aumento de las agresiones al personal sanitario".
En cuanto a Educación, los siete sindicatos afirman que la Junta ha conseguido que "los profesores andaluces sean los docentes peor pagados de España", además de que un total de 4.289 profesores de enseñanza secundaria no han sido contratados este curso "ni lo serán los próximos". Así, exigen a la Consejería del ramo que considere las dos primeras horas de guardia como horas lectivas y que contrate a los interinos despedidos.
Ante esta situación, advierten de la "sinrazón y el atropello" hacia sus propios funcionarios que la eliminación de las pagas adicionales provoca y la quiebra que supone al principio de seguridad jurídica previsto en la Constitución Española vinculado con el de confianza legítima consagrado por jurisprudencia constitucional y del Tribunal Supremo.
Por último, han llamado la atención sobre que frente al discurso de la Junta que afirma que se preservan los servicios públicos, estos sindicatos señalan que "esto no es cierto", sino que se está llevando a cabo un "desmantelamiento" de los mismos que afecta a los funcionarios y a los ciudadanos. Si bien, indican que "el ataque" de la Junta a estos servicios es "opaco y solapado" frente a otras comunidades con "actuaciones más torpes".