Cronología del 'caso de los ERE' de la Junta de Andalucía

La jueza de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, instruye el caso de los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía.

La causa se inició en abril 2009, cuando el entonces portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, denuncia ante el presunto intento de cobro de comisiones a unos empresarios por parte de dos exdirectivos de Mercasevilla.

Los acontecimientos más destacados han sido los siguientes:

16 marzo. Alaya admite a la Junta de Andalucía como acusación particular.

30 marzo.- La jueza pide a la Junta las actas de todas las reuniones de su Consejo de Gobierno.

3 julio. El Tribunal de Cuentas del Estado inicia una auditoría sobre los ERE tras una denuncia del PP.

2 agosto. Un juzgado sevillano ordena que 16 prejubilados irregulares de Mercasevilla devuelvan el dinero público recibido.

10 marzo. Ingresa en prisión el principal acusado, el ex director general de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero. Es el primer imputado que ingresa en prisión.

20 marzo. Juan Francisco Trujillo, chófer de Guerrero, declara que llegaron a gastar 25.000 euros mensuales de dinero público en cocaína.

28 noviembre. Se cierra la comisión de investigación creada en el Parlamento de Andalucía para investigar este caso.

19 marzo. Detenidas 22 personas en la operación Heracles, de las que siete ingresan en prisión.

26 marzo. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) abre diligencias penales contra Guerrero y el ex delegado de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas por aprobar de manera irregular el ERE de Mercasevilla.

3 abril. En su comparecencia ante el pleno del Parlamento autonómico el presidente de la Junta por entonces, José Antonio Griñán, asegura que puede decir "sin bajar la mirada" que su Gobierno es "honrado".

24 abril. La magistrada bloquea 84 cuentas de José González Mata, dueño de la aseguradora Uniter.

8 mayo. La Fiscalía Anticorrupción pide una fianza de 258 millones de euros a cada uno de los exdirectivos de Vitalia imputados en la nueva fase del proceso.

23 mayo. El presidente del Supremo, Gonzalo Moliner, dice que no ve normal el retraso en la instrucción del caso.

30 mayo. Alaya levanta el secreto sumarial sobre la última fase del caso.

3 junio. La Guardia Civil establece que 7,6 millones de euros fueron transferidos a los sindicatos por mediadoras en los ERE entre 2000 y 2010.

8 junio. La Audiencia Provincial de Sevilla amplía la imputación a Daniel Alberto Rivera, director general de Empleo de la Junta entre 2010 y 2012.

10 junio. El consejero delegado de Construcciones Juan de Robles, Eduardo Báñez, hermano de la ministra de Empleo, niega connivencia con otra empresas que acudieron al concurso de compra de los terrenos de Mercasevilla.

17 junio. La magistrada imputa ocho delitos a José González Mata, dueño de la aseguradora Uniter y eleva a 51 millones sus cobros.

18 junio. La jueza decretar prisión para el dueño de Uniter, José González Mata, eludible bajo fianza de 600.000 euros.

22 junio. Un informe de la Guardia Civil dice que la Federación de Industria de CCOO recomendó no trabajar con la mediadora Vitalia.

2 julio. Alaya imputa a la exministra de Fomento Magdalena Álvarez y a una veintena de altos cargos de la Junta.

25 julio. Imputa por presuntos delitos de prevaricación y malversación al ex interventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez.

6 agosto. Imputa a dos hijos de Ruiz Mateos y otras 21 personas.

27 agosto. Griñán dimite como presidente de la Junta.

1 septiembre. La jueza imputa en la causa a Carmelo Cruz: es el tercer cuñado del exsindicalista Juan Lanzas implicado.

10 septiembre. Pide la imputación de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, además de la de los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, José Antonio Viera, Manuel Recio y Francisco Vallejo.

13 septiembre. La Fiscalía Anticorrupción recurre el auto con la intención de que la jueza motive las razones por las que implica a los expresidentes en la causa para no crear "indefensión" a los aforados.

16 septiembre. La magistrada sevillana incoa nuevas diligencias, después de que la Guardia Civil le entregue un informe del que se deduce la "existencia de unos hechos que pudieron ser constitutivos de nuevos ílicitos penales", que serían "distintos" a los ya investigados.

19 septiembre. El exviceconsejero de Presidencia Antonio Lozano se acoge a su derecho a no declarar tras contestar a cinco preguntas de la jueza, que le imputa dos delitos de prevaricación y malversación.

3 octubre. El exviceconsejero de Economía y Hacienda entre 1990 y 2004 José Salgueiro (el segundo de Magdalena Álvarez) se acoge a su derecho a no declarar. Alaya le imputa malversación y prevaricación.

8 octubre. La exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez comparece ante la jueza. La jueza le imputa prevaricación y malversación de caudales públicos.

10 octubre. Imputa a otras diez personas en el caso, entre ellas varias abogados, y ya se eleva a 126 los imputados en la causa.

11 octubre. Se decreta la libertad con cargos para los siete detenidos en la segunda fase de la operación Heracles.

15 octubre. La jueza decreta la responsabilidad subsidiaria de UGT-A y CC OO-A en las fianzas a dos exsindicalistas.

17 octubre. Impone una fianza de responsabilidad civil de 7.282.653,31 euros al exviceconsejero de la Junta Justo Mañas y la prohibición de salir del país.

18 octubre. Alaya impone una fianza de responsabilidad civil de 2.142.722 euros al exparlamentario andaluz socialista Ramón Díaz.

2 noviembre. El presidente de la Junta Manuel Chaves cree que la Audiencia Provincial de Sevilla aprecia "cierta resistencia" por parte de la magistrada a elevar el caso al Tribunal Supremo.

7 noviembre. La exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez declara por segunda vez ante la jueza. Vuelve a defender su actuación.

15 de noviembre. Alaya amplía la investigación a todas las consejerías de la Junta. Pide a la Administración andaluza que le remita información de cualquier ayuda concedida por cualquiera de sus consejerías a un grupo de 35 empresas.

12 diciembre. La titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla imputa cuatro delitos a dos exsecretarias del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero.

17 diciembre. Alaya considera que la financiación "sin control, ágil y eficaz" fue desde 2000 uno de los "instrumentos" de la política económica del Gobierno andaluz.

19 diciembre. La jueza vuelve a preimputar a los expresidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves, así como a cinco exconsejeros: Carmen Martínez Aguayo, José Antonio Viera, Francisco Vallejo, Manuel Recio y Antonio Ávila.

29 noviembre. La jueza considera que el exsindicalista y considerado conseguidor de los ERE Juan Lanzas incluyó a algunos intrusos que estaban relacionados con un amigo "personal".

30 diciembre. Rebaja de 225.000 a 150.000 euros las fianzas impuestas a Eduardo Pascual y María Vaqué, exdirectivos de Vitalia, que permanecían encarcelados desde marzo, tras ser detenidos en la operación Heracles.

10 enero. Se imputa a ocho personas más relacionadas con el Grupo Nueva Rumasa, entre ellos dos exsindicalistas de CC OO-A.

15 enero. La jueza imputa delitos de prevaricación y malversación al exsecretario general técnico de la Consejería de Empleo Javier Aguado, que se acoge a su derecho a no declarar.

29 enero. Rechaza separar el procedimiento en piezas separadas, argumentado que en "cada expediente de subvenciones sociolaborales o ayudas a empresa podría derivarse responsabilidad criminal para las mismas personas", entre los que cita a "responsables políticos y técnicos" de la Junta.

31 enero. El TSJA confía en que la jueza finalice la instrucción del caso "en un tiempo prudencial".

3 febrero. Alaya investiga las cuentas de los sindicatos CC OO y UGT para conocer cuánto llegaron a cobrar de la Junta.

6 febrero. Abre nuevas diligencias por los avales concedidos por el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA); actual agencia IDEA, y por las ayudas concedidas por la Consejería de Empleo a Astilleros de Huelva. Incorpora al sumario los fondos otorgados a la Faja Pirítica.

10 febrero. La magistrada imputa al empresario José María Ruiz Mateos y a su hijo Zoilo por la inclusión de intrusos en varios ERE del grupo Nueva Rumasa. Y decide devolver el DNI al exconsejero de Empleo Antonio Fernández.

18 febrero. Embarga un inmueble de CC OO en Madrid para hacer frente a la fianza civil de más de 46 millones que impuso a Manuel Roberto Carmona Soto, exresponsable de su Federación Siderometalúrgica en Andalucía. Y decreta el embargo de dos coches a Juan Lanzas para afrontar el pago de su fianza de responsabilidad civil.

20 febrero. El alcalde de Guadalcanal (Sevilla), Jesús Manuel Martínez (PP), envía a la jueza una grabación en la que supuestamente se señala al exconsejero José Antonio Viera como responsable de presuntas ayudas irregulares.

5 marzo. La jueza acuerda pedir al Parlamento andaluz documentos sobre el conocimiento de su Comisión de Economía pudo tener de las transferencias de financiación utilizadas para pagar las ayudas que se investigan.

6 marzo. Anticorrupción recurre la decisión de la jueza de indagar qué sabía el Parlamento.

7 marzo. El abogado de dos exaltos cargos de la Junta reclama a Alaya que eleve el caso al Supremo, alegando que "ya no tiene competencia". Además, la Audiencia decide que la jueza deje de investigar el caso de las facturas falsas de UGT-A, al entender que no guarda relación con el caso de los ERE.

10 marzo. La jueza cita nuevamente al empresario José María Ruiz-Mateos y le advierte de que la orden de citación puede convertirse en una de detención. Además, sale de prisión la penúltima persona encarcelada por los ERE, la directiva de Vitalia María Vaqué. Solo queda en prisión el también directivo de esta empresa Eduardo Pascual.

11 marzo. El exinterventor de la Junta entre los años 2000 y 2010 Manuel Gómez Martínez, imputado en la causa, ha insistido en "la evidencia de que el marco organizativo y financiero establecido había facilitado el fraude que debió conducir a la asunción de responsabilidades políticas por quienes lo habían propiciado desde el Gobierno y el Parlamento" andaluz.