La Fiscalía General del Estado incide en su memoria correspondiente al año 2012 en las "conscientemente aisladas" acciones de Resistencia Galega y la dificultad que suponen para "acreditar su existencia" como organización y "verdadera banda armada", lo que "conllevaba" hasta ahora —defiende— "una respuesta punitiva excesivamente leve en relación con la gravedad de los hechos cometidos".
Esta afirmación de la Fiscalía data de 2012 cuando aún no se había concretado la condena ratificada por la Audiencia Nacional la pasada semana, con una sentencia en la que se determinan penas de entre 10 y 18 años de cárcel para los cuatro primeros miembros de Resistencia Galega juzgados por este tribunal, por delitos de participación en organización terrorista, falsificación de documento oficial y tenencia de explosivos.
En la sentencia notificada el jueves, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal impone 18 años de cárcel a Eduardo Vigo Domínguez y Roberto Rodríguez Fiallega y otros 10 a Antón Santos Pérez y María Osorio López. A estos dos últimos se les atribuyen los delitos de pertenencia a banda armada y falsificación de documentos.
Vigo y Domínguez fueron detenidos el 30 de noviembre de 2011 cuando la Policía Nacional detectó en la AP-9, en las proximidades de Santiago de Compostela, un coche en el que guardaban tres artefactos que se encontraban "preparados y con sistemas temporizados de ignición en perfectas condiciones para lograr su explosión".
En la memoria, la Fiscalía señala que Resistencia Galega recoge "el testigo" del Exército Guerrilleiro do Povo Galego Ceibe y conjuga "el independentismo con la ideología de extrema izquierda", pero incide en que sus integrantes esgrimen "como primera regla" la de "negar la existencia de la organización terrorista", de manera que sus acciones vilentas "se cometen de una forma pretendidamente aislada y aparentemente individualizada de sus miembros".
"se aparenta desestructuración"
"Se aparenta una desestructuración del colectivo que da cobertura a sus acciones violentas, lo que determina un mayor grado de dificultad a la hora de acreditar la existencia de una verdadera banda armada", ha remarcado, para añadir que, en consecuencia, no funciona como "una organización al uso".
"No nos encontramos ante una organización al uso en la que se visualizan claramente sus estructuras de dirección, ejecución, captación o financiación, sino que su actuación es solapada y sus acciones son conscientemente aisladas en el tiempo y en el espacio, dificultando de tal modo la prueba de su vinculación con la organización a favor y bajo cuya cobertura actúan", recoge la Fiscalía.
Ello, añade, "conllevaba una respuesta punitiva excesivamente leve" en relación "con la gravedad de los hechos cometidos".
La Fiscalía subraya que, como se anticipaba en el anterior ejercicio, estas dificultades "se están solventando a merced a la designación de un Fiscal Coordinador" encargado de "centralizar toda la información" para poder realizar "un análisis global de la situación y permitir encontrar "los vínculos existentes entre unas acciones y otras".
Investigaciones "prejudiciales"
En este escenario, insiste en que "para el correcto desempeño de la función encomendada se antoja inexcusable una permanente y fluida relación" con todas las unidades policiales que afrontan las investiaciones, a las que llama a informar al fiscal coordinador sobre la situación y evolución de las mismas.
"Dicha función, para ser eficaz, se debe incluso adelantar, permitiendo la coordinación de investigaciones prejudiciales", recoge la memoria, que también apunta que, con la misma finalidad, se ha dispuesto que la "judicialización" de las pesquisas policiales se haga por la vía de la propia Fiscalía que, tras el atestado, incoa las correspondientes diligencias y, en su caso, presenta la pertinente denuncia ante el juzgado competente.
Descenso "notable" de la actividad
En todo caso, la Fiscalía constata que durante el año 2012 "ha descendido notablemente la actividad terrorista" de Resistencia Galega, lo que atribuye "principalmente" a las operaciones desarrolladas en el ejercicio anterior contra la organización.
La memoria recuerda que "todas las acciones terroristas" —cuatro en total, tres menos que en el año anterior— se registraron en la comunidad y que una tuvo lugar en la provincia de A Coruña y tres en la provincia de Pontevedra.
También recoge que se han producido siete detenciones de individuos vinculados con el entorno violento radical y que, en 2012, "no se ha formulado ninguna acusación" contra individuos vinculados con este movimiento radical y "tampoco se ha dictado sentencia alguna".
Respecto a las operaciones, destaca el hallazgo de un artefacto explosivo dentro de una olla que había sido colocado en la sede del PP de Mosteiro (Meis-Pontevedra), así como el "atentado" con artefactos de naturaleza pirotécnica registrado en la madrugada del 4 de agosto de 2012 en el recinto de antenas de radio, telefonía y televisión de Monte Sampaio, en Vigo.
En relación con este último hecho delictivo, se encuentran imputadas tres personas, una de las cuales ya fue condenada por tenencia de explosivos siendo menor de edad penal. Destaca la Fiscalía que, en el momento de ser detenidos, uno de los implicados estaba recibiendo dos artefactos explosivos, lo que permitió su procesamiento por este nuevo ilícito penal, así como de la persona que se los entregó.
A su vez y derivado de los seguimientos previos a la detención de los anteriores, el Cuerpo Nacional de Policía detectó un posible lugar de ocultación de efectos delictivos, cuya vigilancia posibilitó la detención de una persona el día 7 de enero de 2013 cuando recogía tres artefactos explosivos similares a los anteriores.
Comentarios
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que 20minutos.es restringirá la posibilidad de dejar comentarios