La reciente reforma de la Ley de medidas de flexibilización del mercado del alquiler de viviendas ha eliminado las prórrogas de las subsidiaciones a los préstamos para comprar Vivienda de Protección Oficial (VPO). Los afectados, dice el PSOE, pueden llegar a 300.000. Pero el Gobierno ha decidido que no hay marcha atrás y que no se reconocerán las ayudas reconocidas por las comunidades autónomas.

Hasta la oficina del Defensor del Pueblo exige al Ejecutivo un cambio de postura. Su titular, Soledad Becerril, ha pedido al Ministerio de Fomento que revise el criterio que afecta a la supresión de las ayudas de subsidiación de préstamos para la compra de viviendas protegidas que concedían las comunidades autónomas en aplicación de los planes estatales de vivienda.

La institución ha solicitado al departamento que dirige Ana Pastor que deje de aplicar el criterio actual y ha reclamado que pague las ayudas reconocidas para VPO por las comunidades autónomas. Asimismo, ha pedido al ministerio que se comunique el criterio interpretativo para que las administraciones autonómicas revisen de oficio las resoluciones que hubieran denegado, antes de la entrada en vigor de la Ley 4/2013, de 4 de junio que, "ahora sí", suprime todas las ayudas referidas a planes de vivienda anteriores.

La Defensora del Pueblo recuerda que, aunque el Gobierno suprimió este tipo de ayudas recogidas en el Plan estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, el Ministerio de Fomento comunicó a las comunidades autónomas que había que interpretar que esa supresión legal afectaba a todos los planes estatales de vivienda, lo que implicaba denegar cualquier solicitud nueva o en trámite acogida a los planes anteriores. Tras recibir la directriz de Fomento, indica el organismo, algunas comunidades autónomas aplicaron la interpretación remitida pero otras no lo hicieron.

En consecuencia, algunas administraciones han seguido reconociendo las ayudas financieras recogidas en planes de vivienda anteriores a 2009 pero los beneficiarios no han podido cobrarlas al no contar con el visto bueno de Fomento. Esta situación se ha visto reflejada en las quejas recibidas en el Defensor del Pueblo durante este último año.

En opinión del Defensor del Pueblo, el Real Decreto Ley 20/2012 solo anula las ayudas contenidas en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 y no las anteriores, al tiempo que considera que una interpretación tan extensiva de la ley no es adecuada para la garantía de los derechos de los ciudadanos.

En vista a lo sucedido, el Defensor del Pueblo transmitió varias recomendaciones para que Fomento dejase de aplicar este criterio al entender que interpretó de manera "extensiva" el artículo 25 de la ley de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y fomento de la competitividad.