El Tribunal de Derechos Humanos paraliza el desalojo del bloque ocupado por la PAH en Salt

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo (Francia), ha ordenado la suspensión cautelar del desalojo del bloque de viviendas de Salt (Girona) ocupado desde hace siete meses por 13 familias con 21 niños (43 personas en total), según ha informado este miércoles el abogado de los ocupantes, Benet Salellas.

Esta decisión ha sido acogida con gran alegría, cánticos e incluso con lágrimas por centenares de personas que desde anoche se han ido concentrando en apoyo de estas 13 familias que viven en este bloque ocupado, y que tenían una orden judicial de abandonarlo antes de las 09.30 horas de esta mañana.

Sin embargo, la paralización del desahucio sólo afectaría a dos familias y a nueve personas, según ha puntualizado la Corte de Estrasburgo. Una fuente del tribunal dijo a Efe que la citada medida no afecta a la totalidad de las 13 familias y 43 personas, de origen gambiano, marroquí y español, que habitan en el edificio afectado, como había indicado uno de sus abogados.

No obstante, el juez de Girona mandó suspender el desalojo sin especificar ni discriminar el número de familias afectadas por la medida, por lo que la PAH interpreta que la medida tiene vigencia para todos los vecinos del bloque ocupado.

Esas familias habitan desde hace siete meses en un bloque de viviendas, propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).  En las dos familias de 6 y 3 miembros hay varios niños, razón determinante para que se haya demorado el desalojo hasta el 29 de octubre. Ahora, el Gobierno deberá garantizar, antes del 24 de octubre, que las dos familias serán realojadas.

La Corte europea señaló la "buena colaboración" que habían encontrado por parte de las autoridades municipales de Salt para el realojo de las familias. Estrasburgo ya paralizó el pasado mes de enero el desahucio de una mujer de etnia gitana y sus dos hijos en Madrid, y un mes después, el de una familia de origen marroquí de una vivienda en la Cañada Real, también en Madrid.

Centenares de miembros de la PAH, muchos de ellos llegados desde diferentes puntos de España, improvisaron una manifestación durante la mañana del miércoles, en Salt, hacia el Ayuntamiento de la localidad. Se unieron a ellos una cincuentena de Bomberos que protestan "por los recortes y por los derechos sociales de las personas".

La Sareb, propietaria del inmueble, había solicitado el pasado mes de agosto el desalojo del bloque de viviendas, medida que finalmente fue acordada por la Audiencia de Girona, que fijó la ejecución del desalojo para el día de hoy.

El abogado Benet Salellas recurrió ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo para que paralizara temporalmente el desalojo, medida que ha sido aceptada por este organismo europeo hasta el 29 de octubre, mientras pide al gobierno español que le informe antes del día 24 sobre la situación en la que se encuentran los habitantes de este inmueble, un total de 43 personas entre los que hay 21 niños.

El tribunal sostiene que hacerlas fuera sería una infracción de un derecho internacional como es el de la vivienda. El Estado tiene ahora ocho días por acreditar que ha adoptado medidas por garantizarlo.

Los últimos días han sido complicados por estas familias que veían que la fecha del desalojo se acercaba. "Mi marido no ha dormido en toda la noche, han sido días de nervios y no hemos ni podido celebrar nuestra fiesta del cordero", explicaba Bouchra, que vive en el bloque con su familia prácticamente desde el principio de la ocupación. Bouchra ha querido agradecer todo el apoyo que han recibido de los centenares de personas que se han dirigido hasta el bloque para hacer resistencia si se acababa produciendo el desalojo de las familias.

Con lágrimas en los ojos, Míriam, de 31 años, explicaba que estaba muy contenta. Ella comparte piso con tres jóvenes más y vive en el edificio desde mayo. "Más que por mí, estoy contenta por las familias y sobre todo por los niños", ha destacado.

Otra de las vecinas del bloque es Núria, que vive con dos de sus tres hijos. Hace nueve años que llegó a Girona y explica ha sufrido ya varios desalojos y que cada vez cuesta más conseguir un piso de protección oficial "porque están todos llenos". "Entonces estaba sola, ahora nos hemos hecho fuertes", reconoce Núria, que asegura que la unión de las personas hace que "se puedan conseguir muchas cosas".

"Sabemos que es una decisión cautelar pero confío en la justicia de fuera, en la española no", manifiesta esta vecina del bloque, que remarca que "los derechos humanos están por encima de todo".

Pau Llonch, portavoz de la Obra Social de la PAH, espera que esta primera resolución europea siente precedente y sirva para que los tribunales españoles y también el Gobierno central se pongan las pilas y paren los desahucios y desalojos por razones humanitarias. Además, la Plataforma confía que Europa sea sensible a la realidad social del país y garantice que no se vulneren los derechos humanos.