El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha avanzado que el sindicato convocará para el próximo día 23 manifestaciones en todas las capitales de provincia contra los recortes y la reforma de pensiones, en línea con las movilizaciones que esa semana se celebran en Europa.
En declaraciones a los medios previas a la asamblea de delegados de Madrid, que organiza la movilización en la capital para el día 23, a las 12.00 horas, Toxo ha señalado que España camina a una situación de "estancamiento económico" de mano de la política del Gobierno y de los dictados de la "troika".
A juicio de Toxo, esa situación alejará a España de la "recuperación efectiva" y de la resolución del "gravísimo problema social que supone el desempleo".
Ha informado de que la motivación de las manifestaciones será la defensa del estado del bienestar, de los servicios sociales y de los servicios públicos pero también una denuncia de la reforma de las pensiones, en trámite parlamentario, "que amenaza con reducir sensiblemente la capacidad adquisitiva de los pensionistas".
Ha explicado que la asamblea y las movilizaciones anunciadas se producen en un contexto en el que el Gobierno "parece haber decretado el fin de la crisis, pero -en su opinión- la crisis no se marcha".
Toxo ha recordado que la realidad del paro se refleja en la Encuesta de Población Activa (EPA) que da 5,9 millones de desempleados y ha señalado que los datos de ayer, 87.028 parados más, "deja momentos para la reflexión".
El líder sindical ha recordado que sólo el 33 por ciento de las personas en desempleo perciben algún tipo de prestación pública "bien porque han generado derechos, porque cobran prestaciones asistenciales o, en último extremo, tienen acceso a alguna renta básica".
Sin embargo, ha hecho hincapié en que casi tres millones de personas no perciben ningún tipo de ayuda del Estado y "malviven en la economía sumergida, que ha crecido de forma importante con la crisis, al amparo de gente sin escrúpulos".
En este marco, Toxo ha recordado que CCOO ha propuesto la creación, mediante una ley estatal, de una renta mínima garantizada como derecho de ciudadanía para paliar esa situación extrema en la que se encuentran muchas personas en España.
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