Caos jurídico y bloqueo en el consejo de Canal Nou tras la dimisión de los consejeros del PP

La dimisión de Rosa Vidal, que además de directora general de Radiotelevisión Valenciana era presidenta del consejo de administración, y de los cuatro representantes del PP ha sumido al órgano de gobierno de RTVV en el bloqueo fruto del caos jurídico que ha provocado el repentino anuncio de cierre por parte del Consell.

Este jueves por la mañana se han reunido los cuatro consejeros que ocupan asientos en representación de la oposición. Son Rosa Solbes (experiodista de TVE) y Xelo Miralles (primera presentadora de informativos de Canal Nou y despedida en el ERE) por el PSPV; Rafael Xambó (profesor universitario y cantautor en valenciano) por Compromís y Manuel Jardí (también periodista despedido de Canal Nou) por Esquerra Unida.

La izquierda ha asumido, de este modo, el control de RTVV, pero no puede tomar decisiones extraordinarias, entre las que se encuentran la elección de presidente o el propio cierre de la cadena, por falta de quórum. La ley por la que se rige Radiotelevisión Valenciana exige la presencia de cinco miembros del consejo en las votaciones, aunque finalmente acaben votando menos.

Así, según fuentes jurídicas consultadas por 20minutos, “solo pueden aprobar gasto corriente y decisiones del día a día”. Tanto la ley como el contrato-programa aprobado por el Consell obligan al consejo de administración a gestionar la empresa y el servicio público, que quedan, de este modo, en una situación de impás y bloqueo.

Y ahora, ¿qué opciones tienen el Consell y el PP valenciano para tomar las riendas de Canal Nou para cerrarla cuanto antes y evitar que los informativos sigan siendo extremadamente beligerantes con Alberto Fabra? Según estas fuentes, son dos: que Les Corts nombren nuevos consejeros a propuesta del PP, lo que llevará unos tiempos tasados, o cambiar directamente la ley para que RTVV dependa de Presidencia y no del parlamento autonómico como ahora.

Esto se podría hacer por el procedimiento ordinario, lo que se dilataría en el tiempo, o a través de un decreto-ley que después convalidarían Les Corts. El problema de esta última opción es que daría una imagen de autoritarismo por gobernar a golpe de decreto, que a su vez podría ser recurrido ante el Tribunal Constitucional por afectar a derechos fundamentales, como es el de la información.

En cualquier caso, la precipitación con la que el Gobierno de Fabra anunció el cierre de Canal Nou está provocando una catarata de hechos no previstos, como la toma de control de la programación por parte de los trabajadores o el caos jurídico en el órgano de gobierno de RTVV, de consecuencias todavía incalculables.