Huelga de limpieza en Madrid: ¿Cuál es el origen del conflicto y qué pide cada parte?

Las empresas concesionarias del servicio y los trabajadores no logran llegar a un acuerdo: los primeros se cierran en su intención de hacer un ERE; los segundos, rechazan cualquier oferta que implique despidos. Mientras, el Ayuntamiento sigue valorando el conflicto como un enfrentamiento entre sindicatos y empresas, pese a que el origen último del problema está en el nuevo contrato de limpieza que redactó el Consistorio. Mientras, la suciedad sigue acumulándose en las calles de Madrid y todos los actores creen que la huelga solo se frenará cuando el Ayuntamiento medie en el conflicto.

Los trabajadores de la limpieza viaria y de jardinería de Madrid protestan contra el ERE planteado por las empresas adjudicatarias del servicio, que incluye la limpieza de las calles, el cuidado de parques y el mantenimiento del mobiliario urbano. Los sindicatos anunciaron su intención de hacer huelga a principios de octubre, cuando las concesionarias (OHL, Cespa, Sacyr y FCC) plantearon el despido de 1.400 trabajadores, sobre una plantilla de 6.000 personas. Las empresas después rebajaron el ERE a 1.134 limpiadores y jardineros para intentar frenar el conflicto, pero los trabajadores consideraron inaceptable ese número de despidos, con lo que finalmente convocaron una huelga indefinida, que comenzó en la madrugada del día 5 de noviembre.

Los representantes de las empresas y los sindicatos celebran reuniones casi a diario para intentar llegar a un acuerdo. Sin embargo, las posturas están tan distantes que ninguna de las partes ve una solución a corto plazo. Durante la semana pasada, las contratas rebajaron de nuevo la cifra de despidos a 998 personas, aunque a cambio pedían un ahorro alternativo de costes por la vía de rebajas salariales. Este lunes, las empresas han rebajado de nuevo el número de despidos (echarían a 625 trabajadores), aunque propone un expediente temporal de empleo de un mes al año sin empleo y sueldo, un 12% de ahorro de costes (eliminando acuerdos de centros de trabajo, forzando jubilaciones y bajas incentivadas) y modificaciones de jornadas. Los trabajadores temen también que les rebaje el sueldo a la mitad. Según los trabajadores, los sueldos medios "se quedarían aproximadamente en 500 euros". En cambio, las contratas aseguran que el salario medio actual de los trabajadores con 15 años de antigüedad es de 23.073 euros brutos anuales, y defienden que los sueldos han aumentado un 20,34% durante la crisis. Su intención es "negociar sobre un recorte máximo del 20%, en ningún caso del 43%", como temen los trabajadores.

"Se plantea el ERE por causas organizativas y productivas tras la reducción del presupuesto municipal para el contrato del servicio, aunque tenemos la mayor voluntad de diálogo para solucionar el conflicto", explica un portavoz de las concesionarias. Mientras, los sindicatos rechazan cualquier oferta que suponga una reducción de plantilla o de sueldos: "El sueldo medio de los trabajadores del servicio es de 1.000 euros, por lo que una rebaja salarial les dejaría bajo mínimos. Además, la plantilla ya se ha reducido en los últimos años", cuenta Moisés Torres, representante de UGT en el servicio de limpieza. Por todo ello, han vuelto a plantarse: "La oferta es inaceptable. Esto va para largo", apunta Torres.

La limpieza viaria es un servicio público de titularidad municipal, pero el Ayuntamiento adjudica su gestión a cuatro empresas privadas. El pasado 1 de agosto entró en vigor un nuevo contrato que integraba los servicios de limpieza y de jardinería, y por el cual las concesionarias recibían un 16% menos de dinero por hacer el mismo trabajo. Las empresas alegan que el ERE "es necesario para ajustar las necesidades organizativas y productivas teniendo en cuenta el presupuesto; además, el nuevo contrato no exige un número de trabajadores, sino que se basa en criterios de eficiencia".

En efecto, el Ayuntamiento redactó un contrato en el que obligaba a las adjudicatarias a cumplir unos criterios de calidad en el servicio, pero no pedía un mínimo de trabajadores ni de maquinaria, como se hacía anteriormente. Por su parte, el Consistorio es reacio a mediar en el conflicto, ya que en su opinión es un enfrentamiento entre las empresas y los trabajadores. Aún así, representantes municipales mantienen conversaciones constantes con las empresas y planean sanciones por no prestar correctamente el servicio.

Las posturas de trabajadores y concesionarias están muy enfrentadas. Sin embargo, en anteriores huelgas de basuras, el Ayuntamiento consiguió parar la protesta forzando a las empresas a ceder ante las demandas laborales. En la última convocatoria (junio de 2010), el exalcalde Gallardón reunió a las partes de madrugada para frenar la huelga in extremis. Ahora, "la única forma de que haya un acuerdo es que el Ayuntamiento medie para que la empresa retire el ERE", aseguran fuentes sindicales. La oposición municipal (PSOE, IU y UPyD) también piden que el equipo de Ana Botella se implique. Fuentes municipales sugieren que el Ayuntamiento dispone de "muchas armas" para evitar que el conflicto se eternice: por ejemplo, los pliegos del contrato incluyen penalizaciones a las empresas cuando se dan "situaciones extraordinarias", como son las huelgas.

El Ayuntamiento ha establecido unos servicios mínimos del 40% en la limpieza viaria y en el servicio de limpieza urgente (Selur), y del 25% en mantenimiento de zonas verdes, áreas infantiles, de mayores y mobiliario urbano. Tanto los sindicatos como la patronal de empresas aseguran que los trabajadores que deben cumplir los mínimos están yendo a su puesto, aunque reconocen que en muchos casos no están pudiendo salir a la calle por los piquetes. El Consistorio ha decidido reforzar las patrullas policiales en la capital para que escolten a los limpiadores que forman parte de los servicios mínimos.

La ciudadanía madrileña, en general, muestra su apoyo a las reivindicaciones de los limpiadores y jardineros. De hecho, no es solo un problema laboral: en los últimos meses los madrileños también han notado el deterioro del servicio, que se traduce en calles más sucias, malos olores por toda la ciudad y peor mantenimiento de zonas verdes y mobiliario urbano. La Federación Regional de Vecinos de Madrid (Fravm) ha organizado asambleas en barrios de Madrid para que los trabajadores expliquen su lucha a los residentes. Por su parte, los comerciantes están divididos entre quienes piden responsabilidades al Ayuntamiento y quienes demandan que los piquetes no contribuyan a ensuciar más la ciudad. "Estamos preocupados por el daño que produce a la imagen turística de Madrid", dicen desde la Asociación Hotelera de Madrid.

El efecto más visible de la huelga son las capas de basura que inundan las calles de Madrid, principalmente en las zonas menos turísticas (ya que el Ayuntamiento está centrando los servicios mínimos en las áreas céntricas de la ciudad). A pesar de la suciedad, el Consistorio descarta que exista un problema de salud pública. Pero también se están produciendo quemas de contenedores (casi 300 desde el inicio de la huelga), ha ardido medio centenar de vehículos y se han registrado daños en el mobiliario urbano. El Ayuntamiento ha calificado estos sucesos de "actos vandálicos".