Madrid

Crecen las voces discrepantes en el PP con la reforma del aborto: Cifuentes, Monago, Sémper...

La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, en un acto público.
GTRES

La reforma de la ley del aborto presentada hace una semana por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha provocado malestar y rechazo dentro de un grupo de cargos públicos del Partido Popular.

La delegada de Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, reconoció este jueves que no coincide con la "opinión mayoritaria" del PP y que es más partidaria de una "regulación de plazos que de supuestos". Preguntada en una entrevista en Radio Nacional de España, Cifuentes admitió, sin embargo, que el proyecto "responde al cumplimiento de un compromiso del programa electoral".

Pese a no estar de acuerdo, se mostró a favor de modificar la ley socialista de 2010, que contemplaba aspectos con los que ella no está "nada de acuerdo", como el hecho de que los menores de 16 años puedan abortar sin conocimiento paterno o que se pueda dispensar como método anticonceptivo la conocida como 'píldora del día después' sin prescripción médica.

"El PSOE modificó la ley de forma unilateral"

En su opinión, el PSOE quiso "revolver el avispero modificando la ley de manera unilateral" y no fue una "medida positiva". "Lo que ahora está haciendo el PP es volver a la situación anterior", señaló.

Cuestionada sobre las discrepancias con su partido en este sentido, ha indicado que no cree "nada excepcional" que en "algunos asuntos algunas personas" piensen "de manera diferente". "Eso no es negativo, es positivo", apuntó Cifuentes, que cree que "no puede ser un titular el hecho de que una persona de un partido pueda discrepar". "Discrepo de más cosas", aseguró la delegada, quien ha hablado de que siempre hay "matices importantes". "Igual que no todos los votantes piensan lo mismo de todos los temas, no todos los cargos públicos del PP y militantes tenemos que pensar lo mismo... las opiniones caben todas", sentenció.

"La clave es el equilibrio"

Cifuentes no es la primera dirigente del Partido Popular que ha expresado su disconformidad con la reforma de la ley del aborto. El presidente del PP de Gipuzkoa, Borja Sémper, ha admitido que hay aspectos de la reforma que plantea el Gobierno que "no le gustan" y defiende que el proyecto se vote "en conciencia" porque "los partidos políticos no deben ser sectas".

Para el también portavoz del PP en el Parlamento Vasco, no puede haber un Estado "que se meta en la vida de las personas hasta el punto de imposibilitar tomar decisiones sobre su propia vida", aunque coincidió con el Gobierno en que los poderes públicos "tienen que garantizar la vida de aquellos que no se pueden proteger". "La clave está en el equilibrio, en respetar el derecho de una mujer a decidir sobre su propio cuerpo y su propia vida y hacerlo compatible con proteger a quien no puede hacerlo", manifiesta.

El dirigente popular considera que el anteproyecto de ley debe "afinar un poco más" en lo relativo al supuesto de malformaciones en el feto: "Hay situaciones muy dramáticas para muchas parejas que tienen que afrontar una situación extrema cuando un médico les dice que el feto tiene malformación".

En la misma posición está la vicepresidenta primera del Congreso, Celia Villalobos, que ya anunció hace meses que votaría en contra del anteproyecto. Villalobos ya fue sancionada por su grupo parlamentario el pasado mes de mayo por ausentarse del pleno del Congreso y no votar en contra de una moción del PSOE, que pedía al Gobierno que desistiera de su intención de reformar la ley.

Por su parte, el secretario de Derechos y Libertades del PP y secretario general de los populares vascos, Iñaki Oyarzábal, ha asegurado que su partido tiene una "disposición abierta" a buscar puntos de encuentro con otras formaciones en la reforma del aborto, con el objetivo de que sea una ley en la que "se pueda reconocer una mayoría de la sociedad española".

Monago, en contra

El presidente del Gobierno extremeño, José Antonio Monago, ha asegurado, en relación al debate abierto sobre la Ley del Aborto, que "nadie puede negar a nadie su derecho a ser madre, ni tampoco nadie puede obligarle a nadie a serlo".

Monago ha afirmado que como presidente de Extremadura cree "sinceramente" que la ideología no tiene que introducirse en asuntos de Estado como la educación, la sanidad o la dependencia "y tampoco en materias tan sensibles como la reproducción asistida o la interrupción voluntaria del embarazo". Y asegura que el mensaje del pueblo extremeño es claro y contundente: "desideologizar los temas fundamentales".

Declaración de disconformidad

También ha mostrado su incomodidad con el anteproyecto  la alcaldesa de Zamora y miembro de la directiva nacional del PP, Rosa Valdeón. "Determinadas situaciones quedan desprotegidas. La ley debe favorecer a quienes, por los motivos de grave malformación o riesgo para la salud de la madre, se vean en la obligación de tomar esa difícil decisión", ha declarado a la Cadena Ser.

Valdeón, de hecho, elevará al Ministerio de Justicia su disconformidad, en algunos aspectos, con el anteproyecto. "Es verdad que la ley anterior puede necesitar una actualización, pero lo que no es razonable es que se elimine el aborto cuando haya riesgo de malformación del feto", defendió este jueves.

Para Valdeón, quien en anteriores etapas ha sido directora general de Salud Pública (2001-2003) y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades (2033-2007) de la Junta de Castilla y León, los supuestos para el aborto constituyen "uno de los aspectos más consensuados no sólo a nivel político, sino también en la comunidad médica y científica", ha recordado.  Son tres: la violación, la existencia de un riesgo para la salud de la madre y la malformación del feto, por lo que a su juicio "no tiene sentido que desaparezca uno de ellos", ha argumentado la alcaldesa.

La alcaldesa explicó que el aborto "es una situación muy dolorosa" y que siempre "es duro". "En algunos casos se aconseja el aborto terapéutico y hay algo que no se puede olvidar, y es que a nadie se le obliga a abortar. Si una mujer tiene graves malformaciones en el feto y quiere abortar, puede, y si quiere dejarlo y seguir con el embarazo, también puede. Es una decisión personal", ha añadido. "Resulta una incongruencia que en el sistema sanitario público español, que es de lo mejor que existe en el mundo, se hagan pruebas para ver el estado del feto y, en el caso de detectar algo, no se ofrezca la posibilidad de decidir libremente si se quiere interrumpir el embarazo".

A las críticas se sumó la diputada popular de la Asamblea de Madrid Isabel Díaz Ayuso, una de las parlamentarias más jóvenes de la formación. "Yo tampoco estoy a favor de la reforma del aborto tal y como se ha planteado. Interfiere en el ámbito personal y no soluciona nada", declaró.

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