La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha descartado este lunes que se vayan a fijar nuevos repagos a los ciudadanos en la prestación ortoprotésica, dietoterápica ni para el transporte sanitario no urgente ante la mejora de la situación económica, pero recuerda que el de los medicamentos dispensados en las farmacias hospitalarias deberá comenzar a aplicarse a lo largo de este mes.

"No vamos a pedir nuevos esfuerzos a los ciudadanos", según ha confirmado en la reunión del Pleno del Consejo Asesor de Sanidad, celebrada este lunes en el Ministerio, en la que ha destacado que la situación económica ha mejorado en el último año y "los esfuerzos hechos por los ciudadanos están dando sus frutos".

Por ello, ha explicado, considera que ahora son las administraciones autonómicas las que tienen que "seguir poniendo en marcha medidas de eficiencia".

Entre esas "medidas de eficiencia" impuestas por las Comunidades Autónomas, se encuentra el euro por receta que impulsaron Madrid y Cataluña. El Tribunal Constitucional dejó en suspenso la norma en ambas comunidades después de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy recurriera la norma al considerar que invadía competencias del Gobierno central.

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, calificó en su momento de "medida disuasoria" esta norma, que tiene como objetivo reducir el gasto farmacéutico de la región.

Con su reforma sanitaria, impulsada en marzo de 2012, Mato dividió la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud para distinguir entre servicios básicos, gratuitos para todos los ciudadanos, y suplementarios, en las que sí habría una aportación del usuario, el llamado repago, que además de afectar a los medicamentos dispensados en oficinas de farmacia también afectaría a otros servicios como el transporte sanitario no urgente y los productos ortoprotésicos y dietoterápicos, que estaban pendientes de desarrollo.

Sin embargo, según informa el Ministerio en un comunicado, Mato y las comunidades acordaron en el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del pasado mes de diciembre "dar por concluido" el desarrollo normativo de la cartera de servicios y, por tanto, no se van a establecer nuevas aportaciones en estos ámbitos.

No sucederá lo mismo con el repago de medicamentos dispensados en farmacia hospitalaria, que ha provocado el rechazo de varias comunidades, incluidas algunas gobernadas por el PP, ya que según Sanidad se pondrá en marcha a lo largo del mes de enero "en la mayoría de las comunidades", como también acordaron en diciembre.

Este repago de medicamentos obliga a la mayor parte de pensionistas a pagar un 10% del precio de sus medicinas cuando hasta ahora no pagaban nada, mientras que los trabajadores activos copagarán un porcentaje determinado en función de sus ingresos.

Este sistema de repago reduce el número de personas que no tienen que pagar por sus medicamentos con receta, algo de lo que ya sólo se beneficiarán los parados sin prestación y las personas con pensiones no contributivas o renta de reinserción. A partir de ahí, se establecen diferentes categorías "según la renta" para los trabajadores activos y para el resto de pensionistas, que a partir de ahora tendrán que pagar un porcentaje del precio de sus medicinas.

En concreto, los pensionistas pagarán un 10% del precio de sus medicamentos. No obstante, aquellos con rentas inferiores a los 18.000 euros no pagarán más de 8 euros al mes, un límite que para los pensionistas con rentas de más de 18.000 euros será de 18 euros mensuales, mientras que para quienes superen los 100.000 euros anuales el tope estará en los 60 euros mensuales. Los enfermos crónicos seguirán pagando un 10% como hasta ahora.

La devolución de lo que paguen de más se realizará trimestral o semestralmente en la cuenta bancaria en la que se ingresa la pensión. No obstante, algunas comunidades han introducido un mecanismo en sus sistemas informáticos que alerta a los farmacéuticos de que el paciente ya ha rebasado su tope mensual, a fin de impedir que tengan que adelantar dinero.

En el caso de los trabajadores activos, se acaba con el 40% generalizado que se pagaba hasta ahora y se establecen diferentes porcentajes de repago en función de la renta. Aquellos trabajadores con rentas inferiores a 18.000 euros y miembros de familias numerosas seguirán pagando este mismo porcentaje, mientras que en aquellos que superen esta renta, la aportación será de un 50%.

Otra de las medidas polémicas del Gobierno para reducir el gasto en Sanidad fue la retirada de la tarjeta sanitaria a decenas de miles de inmigrantes. El Gobierno retiró en septiembre de 2012 la asistencia sanitaria a los inmigrantes no comunitarios.

Con este recorte, el Gobierno aspiraba a ahorrar unos 500 millones de euros, teniendo en cuenta su gasto per cápita y el de los que "traen a sus familiares a España sin derecho a utilizar la Sanidad", según dijo entonces Ana Mato.

Aunque numerosos profesionales se han acogido a la objeción de conciencia desde entonces, las voces contrarias a la medida se han elevado en varias ocasiones desde que entró en vigor, especialmente con casos como el del inmigrante senegalés que murió de tuberculosis después de que un hospital de Mallorca le denegara la asistencia sanitaria completa.

El portavoz socialista de Sanidad en el Congreso, José Martínez Olmos, ha reprochado a la ministra Ana Mato los "bandazos" que está dando sobre el repago, ante el "vértigo electoral que le ha entrado al PP y sin criterios sanitarios". Esta decisión demuestra, según el dirigente socialista, que el departamento de Sanidad tiene "al frente un ministra que no tenía criterio cuando decidió poner el copago ni ahora cuando decide no ponerlo".

La razón fundamental de esta postura, en su opinión, es "el miedo electoral que le ha entrado al PP, con otros temas como la ley del aborto y la seguridad ciudadana, "alejándose de los ciudadanos en intención de voto".

"Cospedal le ha ganado la batalla", ha aseverado Olmos, después de que la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, anunciara que la Junta asumiría en exclusiva el repago de medicamentos dispensados en hospitales. Para Olmos, el copago hospitalario es también "un brindis al sol" porque algunas Comunidades Autónomas han decidido no llevarlo a cabo.

El PSOE ha pedido la comparecencia urgente de la ministra para que explique estos cambios de criterio que constatan, en opinión del portavoz socialista, lo que decían "desde hace tiempo: que Ana Mato es la peor ministra de Sanidad de la democracia".

El anuncio que ha hecho es "electoralista" y "no responde a criterios sanitarios", ha insistido, al tiempo que ha explicado que han exigido que la ministra explique en Las Cortes "las razones y la política" que piensa llevar a cabo con el copago y "qué línea determinada le ha impuesto Cospedal".