33 jueces catalanes firman un manifiesto defendiendo la legalidad de la consulta
- Entre los firmantes figuran los dos instructores del caso Palau.
- Sostienen "la indiscutible realidad nacional de Cataluña".
- El documento apela al artículo 1 de la Constitución.
Treinta y tres jueces catalanes han firmado un manifiesto por el "Derecho a Decidir" en el que defienden la legalidad de la consulta soberanista "en el actual marco constitucional" e "interpretado a la luz de la normativa internacional".
Entre los firmantes figuran Montserrat Comas, que fue vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entre 2011 y 2008 y expresidenta del Observatorio de Violencia de Género, los dos instructores del caso Palau, Juli Solaz y Josep Maria Pijuan, jueces de instrucción como Josep Maria Miquel Porres y Josep Niubó, y el magistrado de la Audiencia de Barcelona Santiago Vidal.
Un derecho elemental
Sostienen que "la indiscutible realidad nacional de Cataluña comporta, indefectiblemente, el reconocimiento de su derecho a decidir" y declaran que "el denominado 'principio democrático' impregna todo el ordenamiento jurídico internacional y comunitario".
Los magistrados proclaman que "una de las manifestaciones más elementales" de dicho ordenamiento jurídico es "el derecho de los pueblos y naciones a decidir su futuro".
El documento apela al artículo 1 de la Carta Magna, en el que se propugnan los valores de "libertad", "justicia", "igualdad" y "pluralismo democrático", y asegura que la negación del derecho a decidir sólo se puede entender y sostener por un criterio estrictamente ideológico y político de negar la realidad nacional de Cataluña".
Los firmantes aseveran que "toda Constitución (...) debe permitir un proceso continuo de discusión y evolución y la consiguiente aceptación de cualquier proyecto legítimo de modificación del orden constitucional".
Se contempla referéndum en decisiones "de especial trascendencia"
Y añaden que, según el artículo 9.2 de la Constitución, "corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que estos derechos" sean "reales y efectivos". El manifiesto también recuerda que, como se desprende de los artículos 23 y 92 de la Constitución, los ciudadanos tienen derecho a participar en asuntos públicos y, además, "se prevé la posibilidad de consulta por medio de referéndum respecto a las decisiones políticas de especial trascendencia".
Los magistrados también apelan a "la voluntad del pueblo" como "base de la autoridad del poder público" recogida en Declaración Universal de Derechos Humanos y "al derecho de los pueblos a su libre determinación", incluido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
"La cuestión clave de este debate (...) pasa por aceptar o no la realidad nacional de Cataluña", señalan los jueces, quienes agregan que "si el reconocimiento no fue, en su momento, más explícito ha sido por (...) el modelo de transición a un régimen democrático y el peligro de involución o amenaza autoritaria".