Dos chicas confirman ante el juez que sufrieron abusos sexuales por parte del docente del Valdeluz

Dos de las denunciantes del profesor del colegio Valdeluz Andrés D.D., en prisión preventiva por siete delitos de abusos sexuales a menores, han ratificado este lunes ante el juez de Instrucción número 13 de Madrid que sufrieron abusos sexuales a manos del docente, han informado fuentes jurídicas.

Las jóvenes, de 20 años, han sido las primeras en comparecer ante el magistrado Hermenegildo Barrera, quien ha escuchado el testimonio de las chicas en presencia de los abogados personados.

Las declaraciones se producen después de que se haya levantado el secreto de las actuaciones, que habían sido declaradas secretas por el juez. El pasado 14 de febrero, el juez ordenó el ingreso en prisión de Andrés D.D.

Esta misma semana hay señaladas más declaraciones de víctimas. Ante la Policía, las denuncias ya ascienden a quince, pero el juez solo imputa al profesor de Filosofia y Música un total de siete delitos de abusos sexuales.

El pasado 14 de febrero, el docente ingresó en prisión preventiva en la cárcel de Soto del Real. Hace unos días, ha sido trasladado a un modulo antisuicidios conforme al protocolo que se sigue en este tipo de casos.

Por otro lado, el exdirector del centro y el jefe de estudios del Valdeluz declararán el próximo 10 de marzo en calidad de imputados por un delito de omisión del deber de impedir delitos o de promover su persecución.

El pasado 14 de febrero, el abogado de los detenidos sostuvo que sus clientes niegan que conocieran los hechos y destacó que en cualquier caso, estarían prescritos.

Éste delito, recogido por el artículo 450 del Código Penal, fija que "el que, pudiendo hacerlo con su intervención inmediata y sin riesgo propio o ajeno, no impidiere la comisión de un delito que afecte a las personas en su vida, integridad o salud, libertad o libertad sexual, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años si el delito fuera contra la vida". Además se le impondrá "multa de seis a veinticuatro meses en los demás casos, salvo que al delito no impedido le correspondiera igual o menor pena, en cuyo caso se impondrá la pena inferior en grado a la de aquél". "En las mismas penas incurrirá quien, pudiendo hacerlo, no acuda a la autoridad o a sus agentes para que impidan un delito de los previstos en el apartado anterior y de cuya próxima o actual comisión tenga noticia", añade.

Por otro lado, el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en la Asamblea de Madrid varias preguntas para esclarecer si la Comunidad de Madrid cumplió con su responsabilidad como administración competente en el caso de los supuestos abusos cometidos en el colegio Valdeluz.

Según un comunicado de la formación parlamentaria, el portavoz socialista en materia educativa en la Asamblea de Madrid, Eusebio González, ha avanzado que pedirá que la consejera de Educación, Lucía Figar, dé explicaciones "inmediatas" en el pleno sobre "qué ha pasado" desde que la Comunidad de Madrid tuvo conocimiento de los abusos en el Valdeluz, "qué medidas se tomaron, qué seguimiento se hizo y si hay algún tipo de vigilancia desde entonces".

Para González, es "evidente" que la Comunidad cometió un "error" en su momento y que "esta dilatación de dejadez", por parte del Gobierno regional, "ha supuesto un gran sufrimiento".

A su juicio, las declaraciones realizadas por el portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria, "no sólo ponen de manifiesto el desconocimiento del consejero, sino que además son una vileza", y "denotan lo poco que le importan los ciudadanos".

Aparte, el exdirector del colegio Valdeluz y el jefe de estudios del centro, acusados de omisión del deber de perseguir delitos, se encuentran "tranquilos" ante su próxima declaración judicial el 10 de marzo al considerar que no tienen "nada que ocultar" al defender su inocencia.

Así lo ha señalado este lunes su abogado Jesús Mandri, quien ha destacado que sus defendidos "están deseando que se esclarezcan los hechos".

"Al principio estaban consternados, pero ahora se encuentran tranquilos porque se consideran inocentes", ha indicado. Ambos fueron acusados por la Policía de no informar acerca de los presuntos abusos sexuales.

El letrado ha indicado que una de sus líneas de defensa se sustenta en que los delitos de los que se les acusa estarían prescritos. En concreto, se les acusa de un delito de omisión del deber de impedir delitos o de promover su persecución.

Según el letrado, la imputación se refiere a unos hechos sucedidos en 2006 relativos a la denuncia de una menor. Este precepto legal prescribe ahora a los cinco años, pero cuando ante de la reforma se extinguiría a los tres.

Instituciones Penitenciarias, por su parte, anunció este lunes ha trasladado al profesor a un modulo antisuicidios conforme al protocolo que se sigue en este tipo de casos.

"Le han puesto con un preso de confianza, siguiendo el protocolo antisuicidios", ha destacado el abogado del docente, que ingresó el pasado 14 de febrero en la prisión madrileña de Soto del Real.

El letrado ha señalado que el traslado se realiza para seguir los protocolos, sin que a su juicio haya riesgo de que su cliente se quiera quitar la vida. No obstante, está sufriendo una depresión por todo lo que le está sucediendo.

En su declaración judicial, negó los hechos que se le atribuyen. Su abogado ya comentó ese día que su patrocinado defendía su inocencia y aseguró que se encontraba "desorientado".