El Grupo Socialista del Congreso ha presentado este viernes un recurso de inconstitucionalidad contra varios puntos de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).

El recurso ha sido registrado en el Tribunal Constitucional por la diputada y vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, que ha asegurado que se trata de una ley "mala para la democracia".

El recurso, de un centenar de páginas, ha sido firmado por todo el Grupo Socialista del Congreso (110 diputados).

En declaraciones a la prensa, ha argumentado Valenciano que la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) "contraviene" especialmente dos principios de la Constitución: todo el mundo tiene derecho a la educación y en igualdad de condiciones.

Rodeada de diputados y representantes de sindicatos de la educación, alumnos y padres, la responsable socialista ha destacado que la que ha denominado "ley Wert" es "mala para el país", cuenta "sólo con el apoyo del PP" y el PSOE mantiene la intención de derogarla en cuanto cambie el signo político del Gobierno.

El portavoz socialista de Educación en el Congreso, Mario Bedera, ha explicado que el recurso se ha presentado porque la ley "segrega" a los estudiantes en "itinerarios académicos", los centros podrán "seleccionar" a los alumnos, se financian con fondos públicos colegios que educan por sexos, "se impide" la participación real de las familias o se "impone" una alternativa obligatoria a la clase de Religión.

Han acompañado a los diputados del PSOE responsables de los sindicatos CCOO, STES y UGT, de la Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa) y de la asociación de estudiantes Faest, así como una veintena de miembros de Juventudes Socialistas vestidos con la camiseta de la "marea verde" a favor de la escuela pública.

El Ministerio de Educación ha defendido la constitucionalidad de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), tras el recurso presentado por el Grupo Socialista del Congreso.

Según han argumentado fuentes ministeriales, el Consejo de Estado, máximo órgano consultivo del Gobierno, ha dicho que no es inconstitucional ni invade competencias autonómicas.