El juez del 'caso ITV' cita a declarar a Oriol Pujol el 30 de abril como imputado por soborno
- El diputado de CiU declarará un día después de que lo haga su mujer, Anna Vidal, también imputada.
- El magistrado del TSJC también ha citado a los dos empresarios que están acusados en la presunta trama.
- Pujol deberá defenderse de las sospechas de haber cobrado 30.000 euros por votar a favor de unas enmiendas en el Parlament catalán.
El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que investiga la supuesta trama corrupta de adjudicación de estaciones de ITV ha citado a declarar para el 30 de abril al exsecretario general de CDC Oriol Pujol y un día antes a su mujer, Anna Vidal, además de los otros dos empresarios imputados.
En esta ocasión, poco más de un año después de la primera declaración, Pujol lo hará imputado por un delito de soborno, puesto que se le atribuye haber cobrado 30.000 euros por haber votado a favor de unas enmiendas al Parlament de Cataluña que favorecían empresarios del sector.
El martes 29 de abril por la tarde declararán Ricard Puignou, de la empresa Certio, y Anna Vidal. El día siguiente, 30 de abril, por la mañana, lo harán Sergi Alsina, pagado por Puignou y amigo de Pujol, así como el exdirigente convergent.
La semana siguiente empezarán a declarar los testigos. El 6 de mayo lo harán Enric Marugan y Pedro Olabarria, empresarios del sector, así como Josep Tous, responsable de Industria de CDC y encargado por la Generalitat de pacificar el sector. Tous declarará como testigo, pero cómo que está imputado en el caso de tráfico de influencias, podrá asistir con abogado y tendrá el mismo derecho que un imputado.
Finalmente, el 8 de mayo declararán, también como testigos, Antoni Soy, exsecretario de Industria y Empresa con el segundo tripartito, Albert Roig, exsubdirector general de Industria, y Eudald Casadesús, actual delegado del Gobierno en Girona y entonces diputado de CiU al Parlamento que negoció la ley de seguridad industrial e ITV.
Según las acusaciones, Pujol habría cobrado 30.000 euros a través de la empresa de su mujer para votar a favor de unas enmiendas a la Ley de Seguridad Industrial del 2008 que favorecían los empresarios. Tanto el fiscal como el magistrado instructor del TSJC consideran que el supuesto delito de soborno pasivo cometido durante la tramitación de la ley y el de tráfico de influencias durante la elaboración del nuevo mapa y reglamento de estaciones de ITV formarían parte del mismo plan.