La detenida por el asesinato de Carrasco perdió su empleo porque no superó la oposición

Un informe elaborado por el departamento de recursos humanos de la Diputación de León ha avalado este jueves que la institución no despidió a Montserrat Triana Martínez, de 35 años, detenida y encarcelada junto a su madre por el asesinato el pasado lunes de Isabel Carrasco. El informe, hecho público por la Diputación tras ser encargado el miércoles por el equipo de gobierno, sostiene que su salida de la institución en 2011 se debió a que no superó la oposición convocada para cubrir la plaza que ocupaba de manera interina y que ganó otro aspirante por una diferencia sustancial.

Dado que la Policía baraja la venganza personal como el principal móvil del crimen, ya que tanto Montserrat Triana Martínez como su madre, María Montserrat González Fernández, de 55 años, culpaban a Carrasco de ser la responsable de la salida de la joven de la Diputación, donde ejercía como técnico en calidad de ingeniera de telecomunicación, la institución encargó el miércoles un informe para aclarar la situación.

La plaza que ocupaba la joven fue creada en 2006 y ella la desempeñó desde el 1 de junio de 2007, pero salió posteriormente a concurso público y se adjudicó en propiedad a otro aspirante, Javier Casado Marcos, que tomó posesión de la misma el 4 de abril de 2011. Este opositor fue el único que superó la primera prueba con una puntuación de 5,905 mientras que el resto de aspirantes, entre los que se encontraba Montserrat Triana Martínez, fueron eliminados.

En este primer ejercicio se exigía como mínimo una puntuación de 5 y Montserrat Triana Martínez obtuvo 2,275, lejos de la nota de corte. Ese mismo día cesó la relación laboral de la joven con la institución como interina, aunque el titular de la plaza pidió poco después la excedencia y la institución optó por amortizarla.

Posteriormente, la institución abrió un proceso de reclamación para reclamarle 11.046,78 euros "indebidamente cobrados" aunque la Justicia estimó un recurso. El fallo judicial propició que la Diputación rebajase su reclamación a 6.586,60 euros. El informe precisa que la vista oral de este juicio estaba fijada para el próximo 14 de julio.

Sus retribuciones anuales brutas fueron de 33.015,84 (2007), 33.946,68 (2008), 34.921,76 (2009), 33.908,72 (2010) y 33.953,90 (2011) euros.

María Montserrat González Fernández, de 55 años, y su hija, Montserrat Triana Martínez, detenidas por la muerte a tiros de la presidenta de la Diputación de León han pasado este jueves sus primeras horas en prisión bajo el protocolo de prevención de suicidios. Las detenidas han sido trasladadas esta madrugada a la prisión de Villahierro, en el municipio leonés de Mansilla de las Mulas.

María Montserrat González Fernández se confesó ante la Policía autora de los disparos que acabaron con la vida de Isabel Carrasco y explicó que cometió el crimen por "inquina personal" y que quiso vengarse por el trato que la presidenta de la Diputación había dado a su hija, que fue cesada como funcionaria interina de la institución provincial en 2011, según fuentes de la investigación.

Martínez tiene vigente un contrato con el Parlamento de Navarra para un servicio de asistencia técnica, según fuentes de la cámara. La contratación fue aprobada el año pasado para que esta ingeniera de telecomunicaciones presentara un estudio sobre las necesidades de renovación del sistema audiovisual de la institución, así como el pliego de condiciones, la adjudicación y la dirección de la obra.

El montante total de los trabajos adjudicados a Martínez superaba los 10.200 euros, si bien sólo ha cobrado hasta ahora un total de 5.545 euros por el estudio que presentó. Tiene pendientes las otras tres partes del contrato que firmó, ya que los trabajos de renovación del sistema audiovisual del Legislativo no llegaron a iniciarse por su coste, superior a los 461.000 euros.

Fue el miércoles de la semana pasada cuando de nuevo la Mesa del Parlamento retomó este asunto para estudiar la posibilidad de que la ingeniera hiciera un nuevo estudio, presupuestado en 3.500 euros, para abordar una renovación solo parcial del sistema audiovisual de la Cámara en lugar de la totalidad del mismo, como en 2013 se había pensado.

Sin embargo, el hecho de tener que pagar de nuevo por un estudio que algunos miembros de la Mesa entendieron que ya formaba parte del primero hizo que finalmente no se tomara ninguna decisión al respecto. Las citadas fuentes consideran que ahora lo más probable es que esta iniciativa quede paralizada dada la situación de Montserrat Triana Martínez y que solo queda un año de legislatura foral.