La finalización de los contratos de renta antigua pone en peligro a 35.800 locales de la región

El futuro de miles de establecimientos tradicionales madrileños a partir del 1 de enero de 2015 es incierto. La extinción de los denominados contratos de arrendamiento de renta antigua permitirá a sus propietarios negociar un nuevo contrato de alquiler a precio de mercado, lo que podría provocar el cierre de muchos negocios centenarios. En la Comunidad de Madrid, esta situación, que perjudica a los contratos de titularidad jurídica, afecta a 35.800 locales (200.000 en toda España) y a sus 179.000 trabajadores, según cálculos de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA).

"Estamos hablando de una situación dramática para muchas personas, que se verán obligadas a cerrar el negocio familiar en el que llevan toda la vida. Entre esto y la bajada en el volumen de ventas por culpa de la crisis —señalan que entre un 30 y 40%— no tendrán más remedio que irse a su casa", asegura Nicolás Rodríguez, secretario general de la Asociación Madrileña de Trabajadores Autónomos (AMTAS).

El escenario más común con el que se encuentran la mayoría de estas personas es el de propietarios que se niegan a negociar porque esperan sacarle mucha más rentabilidad a su local con un nuevo contrato al alza: "En el centro de Madrid hay locales de renta antigua muy atractivos para las franquicias. Y claro, los propietarios están como locos", explica Rodríguez.

Sobre los nuevos precios para el arrendamiento de los locales, el secretario de Política Institucional de UPTA España, César García, afirma que pueden llegar a "multiplicarse por diez" porque "el precio del mercado está sobredimensionado". García precisa que "no todos los contratos de renta antigua son necesariamente bajos porque se han ido actualizando" y añade un elemento más para la reflexión en todo este asunto: "Estos locales representan la historia de la ciudad y acabar con ellos es acabar con una parte de la historia".

La estrategia a seguir por los afectados para evitar "esta catástrofe" ha sido la de presentar una proposición no de ley en la Asamblea de Madrid para intentar que ésta solicite al Congreso una nueva prórroga de diez años de la Ley de Arrendamientos Urbanos. A cambio, proponen una subida inmediata del alquiler del 30%. Por ahora, PSOE y UPyD han apoyado la propuesta.

Sin embargo, no todos los contratos de esta tipología finalizan el 31 de diciembre de 2014, sostienen desde el despacho de abogados especializado en arrendamientos urbanos AMCE. En el caso de los contratos cuyos titulares sean personas físicas no sólo no verán terminados sus contratos en 2015 sino que podrían traspasar sus negocios de renta antigua, bajo ciertas premisas, y ver su contrato ampliado más allá del 2024. En el caso de los descendientes del titular, dependiendo de la fecha de la firma del contrato, podrían seguir al frente del establecimiento hasta 2019.

Esta situación sólo afecta a los contratos firmados antes del 9 de mayo de 1985, bajo el régimen legal de prórroga forzosa. Ese año el entonces ministro de Economía y Hacienda, el recientemente fallecido Miguel Boyer, decidió, mediante el conocido como 'Decreto Boyer', eliminar la prórroga forzosa para los contratos que se suscribieran a partir de esa fecha, siendo las partes las que, libremente, pactaban cuál debía ser la fecha de finalización del contrato.

Posteriormente, en 1994, Pedro Solbes, titular de la cartera de Economía y Hacienda, pretendió acabar con esta situación reformando la Ley de Arrendamientos Urbanos y concediendo a los afectados una moratoria de 20 años, un plazo que se cumple en 2015.

Los bisabuelos de Pepa Eznarriaga se establecieron en la Gran Vía en 1942. Desde entonces, la conocida popularmente como 'tienda de las muñecas' (cuyo nombre oficial es 'Así') ha sido un referente para varias generaciones de madrileños en estos 72 años. El próximo 31 de diciembre echará el cierre si no hay solución de última hora. Los 50.000 euros que le piden por el nuevo alquiler (ahora paga 10.000) hacen inviable la continuidad de la tienda.

"Yo he nacido aquí. En la mayoría de mis recuerdos de la infancia está presente esta tienda. A nivel emocional está siendo muy duro afrontar el cierre. Pienso en esto  y me entran ganas de llorar", explica emocionada Pepa, de 40 años, propietaria del negocio junto a sus cuatro hermanos, que añade que su clientela aún no lo han asimilado: "Se entristecen al pensar que desaparece un trozo de historia de la Gran Vía".

En la tienda trabajan ocho personas, cuyo futuro también pinta mal: "Hemos pasado la crisis sin despidos pese a que las ventas han bajado un 50%. Queremos seguir con la tienda y no echar a nadie a la calle, pero con las condiciones que nos ponen para renovar el contrato es imposible seguir adelante". Pepa lamenta también que "el comercio tradicional desaparezca de la Gran Vía en favor de las grandes franquicias" y que esta situación se produzca en un momento de ligera recuperación económica: "Veo ahora a la gente con otra cara. Con más alegría a la hora de gastar".