El juez Pablo Ruz procesa a 32 responsables de Fórum y les fija una fianza de 3.702 millones

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha procesado a 32 responsables de la estafa masiva de Forum Filatélico, a los que ha impuesto una fianza civil de 3.702 millones por el perjuicio causado a los casi 270.000 afectados.

Ocho años después de su intervención judicial, el magistrado da por finalizada la investigación en un auto en el que detalla la estafa piramidal llevada a cabo por los exgestores de Fórum, cuya actividad económica, sostiene, era "económicamente inviable desde su origen y resultaba de todo punto insostenible".

Entre los procesados se encuentran todos los miembros del Consejo de Administración: su consejero delegado, Francisco Briones, y los consejeros Miguel Ángel Hijón Santos, Juan Maciá Mercader, Francisco José López Gilarte y Agustín Fernández Rodríguez. Les procesa por un delito continuado de estafa cualificada, falseamiento de cuentas anuales, insolvencia punible y blanqueo de capitales.

Además, reactiva la orden de busca y captura para su ingreso en prisión del huido José Manuel Carlos Llorca, acusado de lavar el dinero defraudado en Fórum, y deja fuera del procesamiento a otras 15 personas por no encontrar suficientes indicios en su contra.

Según el juez, los clientes pagaron por los sellos unos precios fijados unilateralmente por la empresa a un precio muy superior a los que podían conseguir en el mercado filatélico, mientras que la sociedad se obligaba a su vez a recomprárselos más caros para abonarles la rentabilidad garantizada.

Fórum Filatélico no contaba con el patrimonio suficiente ni generaba los recursos necesarios para hacer frente a esos elevados compromisos de pago debido a los enormes gastos de mantenimiento de su actividad, al exiguo resultado de sus inversiones y el escaso valor de su patrimonio filatélico referenciado a sus propias listas manifiestamente sobrevaloradas", recalca.

Como prueba de que inflaba el valor de los sellos, menciona que la sociedad valoró su colección en más de 4.300 millones, cuando los precios de catálogo eran 11 veces menor, de forma que si hubiera querido liquidarla, a precios de 2007, habría conseguido 86 millones.

Encabezados por Briones, los responsables desarrollaron un mecanismo "defraudatorio piramidal", en el que ofrecían a sus clientes renovar sus inversiones, de manera que con las aportaciones de los nuevos se pagaban las desinversiones y rentabilidades de los antiguos, a quienes se hacía creer que las cantidades abonadas procedían de la revalorización de sus sellos.

Un sistema que pudo sostenerse gracias a la "incesante" labor de una extensa red comercial "fuertemente incentivada" e integrada por más de 4.500 personas que solo en gastos de comisiones y dietas, al margen de los sueldos, entre 2002 y 2006, percibieron más de 178 millones.

De hecho, calcula que los fondos captados por Fórum entre 2000 y 2005 fueron superiores a los 11.000 millones.

Puesto que comercializaba bienes tangibles, no podía captar ahorro ofreciendo una rentabilidad garantizada, por lo que "tenía que instrumentar sus operaciones y contabilizarlas de forma que no aflorase la naturaleza subyacente de su actividad".

Con este propósito, se utilizó un sistema de contabilidad en el que aparecían en positivo fondos que en realidad eran negativos. En 2006, fecha de la intervención, esas cifras negativas superaban los 2.800 millones.

Para esta práctica, contaron con la colaboración "imprescindible" de José Carrera Sánchez, socio de Carrera Auditores, que durante años dio el visto bueno a las cuentas "aun conociendo que las mismas no reflejaban la realidad".

La investigación también desvela que una parte muy importante de los fondos captados fueron a parar a diversas sociedades extranjeras que aparentemente actuaban como proveedores de filatelia, pero que "en realidad formaban parte de una compleja red internacional de sociedades interpuestas al servicio de la actividad defraudatoria".

El juez valora que con esta operativa, en la que contaron con la colaboración de varios despachos de abogados, se detrajeron fondos por valor de cientos de millones de euros.

Parte fueron utilizados por los procesados para acometer operaciones inmobiliarias en su propio beneficio, por ejemplo la adquisición de Parque Marítimo Anaga y su posterior venta a Grupo Unido, por la que Llorca se embolsó más de 15 millones.

El juez también revela que varios documentos incautados en la sede de Fórum indican "con claridad" la preocupación de sus dirigentes para que no aflorara su entramado, como dos informes jurídicos encargados por la propia entidad en los que se hace referencia a "actividades realizadas en fraude de ley", a la "ficción" de la revalorización de los sellos e "incluso a eventuales responsabilidades penales".