La jueza Alaya ordena a la Policía que cese su investigación sobre los cursos de formación

La jueza Mercedes Alaya ha acordado librar oficio al director general de la Policía, Ignacio Cosidó, para que este Cuerpo cese "de inmediato" su investigación en torno a las irregularidades en los cursos de formación y entregue en el Juzgado todas las actuaciones practicadas en torno a este asunto.

En un auto, la magistrada ordena lo anterior a la Policía "para evitar actuaciones" como la ocurrida el pasado mes de agosto sobre "la concentración de empresas" del exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda, "sobre las que actuó la Policía parcialmente, cuando el tema era objeto de investigación por parte de este Juzgado". Todo ello provocó, según la jueza, "consecuencias indeseables de pérdida de oportunidad, de dispersión de documentación y de actuación inadecuada difícilmente recuperable", todo lo cual "pone en peligro serio la presente investigación y su éxito, además de invadir ilegítimamente parcelas de investigación que le son ajenas".

La  jueza recuerda que, en este caso, se investigan presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, entre otros, en materia de formación contra determinados cargos de la Junta y entidades beneficiarias, "ya sea por ausencia flagrante de procedimiento, control en la gestión o justificación, o por concentración de acciones formativas en manos de las mismas personas física o jurídicas".

En un segundo auto, la jueza acuerda otorgar protección al jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional de la Junta que denunció las "graves" irregularidades en la concesión de cursos de formación, todo ello después de que la propia Fiscalía Anticorrupción solicitara la puesta en marcha de las medidas previstas por la Ley Orgánica de Protección de Testigos y Peritos "con la finalidad de asegurar no solamente la integridad del testigo y su familia, sino también asegurar las resultas del presente procedimiento".

a instructora toma esta decisión ante "la extensión de las irregularidades puestas de manifiesto" en su testimonio, "muchas de ellas de naturaleza presuntamente delictiva, y "la enorme presión mediática sobre todo lo que acontece en la presente investigación acrecentada por las noticias que a diario proporcionan a la prensa las partes personadas".

A su juicio, lo anterior "provoca que sea también a través de la prensa el medio para comunicar las presiones o coacciones de entidades aludidas en la causa, presiones que adquieren un alto grado de vulnerabilidad cuando especialmente son dirigidas a dicho testigo con el ánimo de adolecer su serenidad e infundirle temor, coartando su libertad personal de forma ostensible, lo cual podría afectar sin duda al testimonio ofrecido y a futuras declaraciones".

Así, la instructora requiere a la Guardia Civil, a la que se ha encomendado su protección, y al resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, "para que cuiden de evitar que al citado testigo vuelva a tomársele fotografías o se tome su imagen por cualquier otro medio, debiéndose proceder a retirar el material fotográfico, cinematográfico, videográfico o de cualquier otro tipo a quién contraviniere esta prohibición".

La jueza requiere a los principales medios de comunicación, tanto prensa escrita como televisión, "para que en lo sucesivo, y bajo apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia a la autoridad judicial, omitan reproducir la imagen del testigo, bien evitando su fotografía o pixelando su rostro íntegro". Además, establece que los diarios digitales y canales de televisión oculten también la imagen del testigo en cualquiera de las formas anteriores, todo ello bajo apercibimiento igualmente de que de lo contrario podrían incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad judicial.

La jueza pone de manifiesto que la Guardia Civil "cuidará del cumplimiento" de las medidas acordadas y le pide que comunique al testigo que "podrá solicitar ser conducido a dependencias judiciales, policiales o donde haya de practicarse alguna diligencia en vehículo oficial" y que, "mientras permanezca en dichas sedes y no se esté practicando diligencia alguna, se le facilitará una dependencia para su uso exclusivo convenientemente custodiado".

En el marco del caso de los ERE, Mercedes Alaya ha requerido a la Junta para que le entregue las actas de las reuniones celebradas desde 2001 al 18 de octubre de 2012 por los viceconsejeros, denominadas "consejillos", que se realizan cada semana con carácter previo a los Consejos de Gobierno. Esta documentación debe ser entregada al juzgado en el plazo de diez días, acompañada de las convocatorias internas de esas reuniones y del orden del día de cada una de ellas.

Según el auto de la jueza, se trata de "poder investigar cuantas cuestiones eran analizadas en torno al uso ilícito de las transferencias de financiación para el pago de la Agencia IDEA de las subvenciones sociolaborales".

La documentación se solicita igualmente para aclarar "la existencia de procedimientos en la concesión de todas las subvenciones, sobre la falta de fiscalización previa, sobre el importante déficit presupuestario generado por la Consejería de Empleo y el consiguiente débito con IDEA que anticipa el pago de unas subvenciones que se pagarían arbitrariamente".

Esta documentación ya fue demandada por la acusación particular del PP, a la cual la representación legal de la Junta de Andalucía formuló alegaciones.

El portavoz del PSOE andaluz en el Parlamento, Mario Jiménez, ha trasladado su convencimiento de que la Junta hará llegar "con rapidez" a la jueza Mercedes Alaya la información requerida en su último auto en el marco de la investigación de los expedientes de regulación de empleo irregulares si "son coherentes" con el ordenamiento jurídicos.