Prisión eludible con fianza para los alcaldes de Parla y Torrejón y otros tres detenidos

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha dictado el ingreso en prisión eludible con fianza de 60.000 euros para el alcalde de Parla, José María Fraile (PSOE); su jefe de gabinete, Antonio Borrego; y el regidor de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas (PP); y con una caución de 25.000 euros para Antonio Cándido Ruiz, empleado del supuesto "conseguidor" David Marjaliza.

Velasco también ha dejado en libertad bajo fianza de 40.000 euros al alcalde de Collado Villalba, Agustín Juárez, y al responsable de Obras Públicas de Parla, Avelino Pérez Pallarés, que tendrá que depositar 20.000 euros. Ambos tendrán diez días para abonar estas cuantías y evitar su ingreso en prisión.

También ha dejado en libertad a los seis restantes, entre ellos el alcalde de Casarrubuelos David Rodríguez Sanz (PP), así como José Martínez Nicolás, consejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid. Los tres restantes que han quedado en libertad son el técnico municipal del Ayuntamiento de Serranillos del Valle (PP) Marco Durán, el empresario Francisco Ruiz Valenzuela y el concejal de Medio Ambiente de Móstoles, Alejandro de Utrilla.

El magistrado ha adoptado estas medidas a petición de la fiscal Anticorrupción Carmen García y después de más de ocho horas de interrogatorios en los que ha tomado declaración a 12 de los 35 detenidos en la trama de amaño de contratos desarticulada con la 'operación Púnica', de la que formaba parte el exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados.

Según consta en un auto dictado este miércoles por el juez Velasco, José María Fraile recibió "una donación" por parte de la empresa Cofely, filial de la multinacional francesa GDF Suez, a cambio de la adjudicación a esta compañía de un contrato de eficiencia energética por valor de 54,6 millones de euros.

La resolución judicial detalla que el regidor, en prisión eludible bajo fianza de 60.000 euros, participó en los órganos de contratación del Ayuntamiento y seleccionó como empresa auditora a la empresa Ruta Energética, vinculada al empresario y 'conseguidor' David Marjaliza, con el fin de encubrir "el pago de una comisión pactada".

Fraile está imputado indiciariamente por integración en organización criminal, malversación, cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias, falsedad documental y fraude. Los mismos delitos se atribuyen a su jefe de gabinete, Antonio Borrego, que negoció los términos del contrato con Marjaliza y el otro 'conseguidor' de la trama, Alejandro de Pedro, gestionó la donación y controló la ejecución del contrato. La adjudicación fue supervisada por el asesor Avelino Pérez, que se encargó, según el juez, de intermediar en los pagos y controlar la partida presupuestaria de la adjudicación.

El otro regidor para el que el juez Velasco ha dictado el ingreso en prisión con una fianza de 60.000 euros es el Torrejón de Velasco. Cuñado de Marjaliza, Gonzalo Cubas siguió las instrucciones de éste sobre "cuándo y a quién facturar" y le mantuvo "puntualmente informado" sobre el desarrollo de los contratos. El juez también ha detectado que "estaría articulando un procedimiento para adjudicar a la empresa de Eduardo de la Peña unas obras subvencionadas para la rehabilitación de un río de la localidad".

En el auto, el juez califica la red como una "trama organizada con perduración temporal y reparto de roles" que logró obtener de manera irregular la adjudicación de "numerosos" contratos públicos que en algunos casos alcanzaron los 100 millones. En la ejecución y facturación de estos contratos, indica el juez, "las autoridades municipales se han plegado a los intereses de los investigados hasta el punto de incurrir en facturación falsa, falsear informes técnicos que reflejarían actuaciones que en realidad no se han realizado o adjudicar trabajos sin contrato previo".

Explica que la trama se destapó gracias a la información que envió Suiza a las autoridades españolas sobre "varias cuentas" en un banco de ese país a nombre de Granados y de su mujer, María Nieves Alarcón, así como de Marjaliza y la esposa de éste, Adela Cubas Navarro. Tras realizar seguimientos y escuchas a estas personas, se dedujo que "los fondos aflorados en las cuentas suizas pueden proceder de conductas delictivas".

En la investigación se recabaron además "evidencias que confirman la existencia de nuevas cuentas en Suiza", en las que constan "numerosas operaciones de compraventa de activos financieros, divisas, transferencias internacionales de capital a otros países de América, tanto en euros como en dólares".

"Las investigaciones realizadas" ,afirma el auto, "han permitido cerrar el círculo de la operativa de blanqueo en la que el dinero colocado en Suiza retorna después a España tras pasar por varios países bajo la apariencia de diversas operaciones de exportación".

El jueves está previsto que continúen los interrogatorios al resto de detenidos en esta operación, entre ellos el exconsejero madrileño y esxecretario general del PP de Madrid Francisco Granados, a su socio en este entramado, David Marjaliza, y el presidente de la Diputación de León, Marcos Martíne.

Pasadas las once y media de la mañana ha llegado a la sede de la Audiencia Nacional en la calle Prim de Madrid el primer furgón de la Guardia Civil que transportaba a los detenidos, que iba escoltado por un coche de seguridad. Los agentes han sido recibido con los aplausos y felicitaciones de varios vecinos del barrio de Chueca que presenciaban la escena. "Gracias a ustedes por apoyarnos", ha contestado un agente de la UCO. El segundo furgón de detenidos ha llegado alrededor de la una de la tarde.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 y la fiscal Anticorrupción Carmen García han empezado a interrogar a los miembros de la trama que tenían una menor relevancia para finalizar con los supuestos cabecillas de la red y los políticos implicados, a los que se acusa de cobrar comisiones de hasta el dos y el tres por ciento de cada contrato.

Tras su traslado han sido conducidos a los calabozos de la sede de la Audiencia Nacional en la calle de Prim e irán pasando uno a uno ante el juez Velasco y la fiscal anticorrupción Carmen García para tomarles declaración. Cuando acaben todos los interrogatorios previstos para este miércoles, el juez decidirá sobre su situación y si quedan en libertad o ingresan en prisión preventiva.

El número de imputados oscila entre los 49, según fuentes de la investigación, y los 51 apuntados por la Fiscalía Anticorrupción. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 y la fiscal Anticorrupción Carmen García empezarán a interrogar previsiblemente a los miembros de la trama que tenían una menor relevancia para finalizar con los supuestos cabecillas de la red y los políticos implicados, a los que se acusa de cobrar comisiones de hasta el 2% y el 3% de cada contrato.