Es una ley con un fuerte carácter social y ambiental. Gracias a ella, la ciudad será un espacio para los ciudadanos y no para los especuladores.

¿No choca con otras leyes autonómicas?

Las comunidades autónomas tendrán que adaptar su legislación a esta ley estatal, ya que habla de competencias estatales. De hecho, ha obtenido el apoyo de todos los grupos nacionalistas en el Congreso. Ayudará a comunidades y ayuntamientos a realizar unas políticas de vivienda más transparentes.

Aunque busca la transparencia urbanística, ¿ayudará a frenar los precios?

Esta ley cierra la política de vivienda y suelo del Gobierno, que ya ha tenido sus efectos en el mercado. Cuando llegamos al Ejecutivo, el precio subía en España el 19%, ahora lo hace al 7%, y en muchos municipios está bajando y ya no crece como antes.

¿Los nuevos desarrollos urbanísticos tendrán limitado su crecimiento?

No se trata de poner ladrillo sobre ladrillo. Todos los ciudadanos tienen derecho a que sus nuevos barrios tengan garantizadas infraestructuras sanitarias o de transportes. Además, los nuevos planes se someterán a una evaluación medioambiental previa que será determinante.