La lucha contra la corrupción urbanística en España se ha convertido en un punto común de los diferentes programas electorales y de las intervenciones de algunos líderes.
Todos incluyen promesas contra el ladrillazo.
Catorce meses después de que se iniciara la operación contra la corrupción en Marbella, son más de cien los detenidos por su presunta vinculación con la trama, entre los que se encuentran ex ediles, abogados y empresarios.
Los candidatos aprovechan los casos de corrupción de sus adversarios para arremeter contra ellos en los mítines.
Ediles bajo sospecha como Eugenio Hidalgo (PP), alcalde de Andratx (Mallorca); la petición de prisión eludible para Pedro Torrejón y Joaquín Tejeiro, ex alcaldes del PSOE de Ciempozuelos (Madrid); el polémico caso Faycán, con la detención de José Francisco González (PP), alcalde de Telde (Gran Canaria), o la ya mencionada operación Malaya se han convertido en las ‘armas electorales’ de los partidos políticos.
Programas anticorrupción
Los programas de los partidos presentan propuestas para evitar los casos de corrupción urbanística.
Así, el PSOE propone un nuevo modelo de crecimiento sostenible con la participación de los agentes sociales y la transparencia en la toma de decisiones.
El PP, bajo el epígrafe «Gobiernos transparentes, políticos honrados», apuesta por la tolerancia cero con los corruptos, tránsfugas y aquellos que utilizan la política para su beneficio. IU, por su parte, aboga por poner coto a la especulación y la corrupción mediante la participación democrática.
Candidatos bajo sospecha
Juan Martín Serón (alcalde de Alhaurín el Grande, PP, Málaga, desde 2000). Es de nuevo candidato tras ser detenido por supuesta prevaricación. Dice contar con el apoyo de su pueblo y es conocido como «el alcalde honrado».
Pedro Torrejón (ex alcalde de Ciempozuelos, PSOE, Madrid). En libertad bajo fianza acusado de presuntos delitos de cohecho y blanqueo de capitales, se presenta a las elecciones por el partido político Ciudadanos por Ciempozuelos.
Luis Díaz Alperi (alcalde de Alicante, PP, desde 1995). En estas elecciones pide «juego limpio», aunque está acusado de un supuesto desfalco de 6 millones de euros en Mercalicante y por favorecer a un contratista en tres aparcamientos.
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