La Fiscalía mantiene la petición de dos años de prisión por la contratación a dedo en Montcada

El fiscal anticorrupción Fernando Bermejo ha mantenido este viernes la petición de penas de dos años de prisión y seis de inhabilitación para los cuatro acusados en la pieza del caso Mercurio, sobre el supuesto nombramiento a dedo de una alto cargo al Ayuntamiento de Montcada i Reixac (Vallès Occidental) y por el que han sido juzgados por tráfico de influencias Daniel Fernández y los hermanos Bustos, y por prevaricación para la alcaldesa, María Elena Pérez.

En su informe final en el último día del juicio, ha argumentado que las escuchas telefónicas, que la defensa quiso impugnar y sobre lo que el tribunal resolverá en la sentencia, fueron plenamente legales y justificadas. De hecho, ha dicho que a pesar de que los acusados dijeron que no se reconocían en aquellas conversaciones grabadas, implícitamente sí que las admitieron, y la jurisprudencia dice que esto las hace válidas. Bermejo también ha recordado que el delito de tráfico de influencias no hace falta que se tome una decisión ilegal o incluso que se tome, sino que el simple intento ya es delictivo.

El fiscal no da credibilidad a una prueba de última hora aportada por la defensa, consistente en una fotocopia de una página de la agenda electrónica del exsecretario de Organización del PSC Daniel Fernández, donde se confirmaría que la reunión con María Elena Pérez fue horas después de que ésta se reuniera con una de las psicólogas que había hecho el proceso de selección y le pidiera que variara los criterios de elección.

Por último, el fiscal ha recordado que la empresa contratada para hacer el proceso de selección no fue contratada por la alcaldesa o los regidores, sino que se hacía con dinero público, y por lo tanto se tenía que seguir un proceso escrupuloso y transparente. Lo mismo ha opinado el abogado de la acusación popular, ejercida por la plataforma Sabadell Libre de Corrupción, Raúl García, quien también ha confirmado su petición de dos años de prisión y seis de inhabilitación para los acusados.

La defensa, liderada por Cristóbal Martell, ha pedido la absolución al considerar que no hubo presiones y que la decisión de contratar Carmina Llumà ya estaba tomada por la alcaldesa antes de hablar con el edil de Sabadell Francisco Bustos y Fernández. De hecho, según él, las bases del concurso eran muy malas, por demasiado genéricas, y se podrían considerar nulas para dar la potestad de elección de un alto cargo a una empresa privada y no dejar margen de elección a la alcaldesa o el regidor.

Según este letrado, la influencia no es sólo "querer o decir", sino hacer una "presión impropia para apartarse del interés público". De hecho, a su juicio, ni el exalcalde de Sabadell Manuel Bustos —quien el jueves 5 será interrogado por los sobresueldos ilegales de la Federación de Municipios de Cataluña (FMC)— ni Fernández sabían que había un concurso público para la plaza de directora de servicios territoriales y no tenían ningún "interés espurio", sino que buscaban el "beneficio público" de encontrar una experta en urbanismo para un municipio con importantes problemas de infraestructuras. Así mismo, ha dicho que fue la alcaldesa quién pidió ayuda a Fernández, enviándole correos electrónicos para reunirse.

También ha asegurado que la agenda electrónica de Fernández demuestra que la reunión en la sede del PSC con María Elena Pérez fue posterior al encuentro de la alcaldesa con la psicóloga, regidores y un miembro del tribunal donde se acabó aceptando Llumà como candidata apta. Esto, según él, demostraría que Fernández no pudo influir en la reunión, que ya se había producido. Aquella misma tarde, cuando Fernández llamó a Bustos para decir que el problema ya estaba resuelto, según Martell, simplemente era una "sobreactuación" para hacer ver que había intervenido en un tema que ya estaba solucionado sin su intervención.

Por último, ha reiterado su impugnación de las llamadas intervenidas y ha dicho que la negativa de los acusados a responder a la acusación popular, a quien ha recordado que no representa a la ciudadanía, era para "agilizar" el juicio.