La instructora de la causa abierta en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra el exjuez Elpidio José Silva por la filtración de los correos de Miguel Blesa ha adelantado del jueves al miércoles la testifical del exbanquero por este asunto.

Según ha informado el TSJM, la magistrada Susana Polo, que mantiene a Silva imputado por un delito de revelación de secretos, ha fijado para un día antes de lo inicialmente previsto la declaración del expresidente de Caja Madrid por motivos de agenda.

No es la primera vez que Blesa tiene que declarar contra el juez que le encarceló en dos ocasiones en apenas quince días en la primavera de 2013, pues ya lo hizo en los dos juicios que se celebraron el pasado año contra él por delitos de prevaricación, dos contra la libertad individual y uno de retardo malicioso de Administración de Justicia. Por ello, fue condenado a 17 años y medio de inhabilitación, aunque el Tribunal Supremo aún debe pronunciarse sobre el recurso que interpuso el acusado.

La investigación al exbanquero no solo le supuso la expulsión de la carrera judicial, sino la apertura de esta nueva causa por revelación de secretos a instancias de la Fiscalía, que el imputado negó el pasado 4 de julio al afirmar que los correos que él mismo ordenó incautar durante la instrucción del "caso Blesa" pudo difundirlos cualquiera menos él, porque no los tenía.

En esta causa, la instructora ha interrogado a varios testigos que podrían haber sabido que el exjuez "tenía acceso al contenido de los correos, que estudiaron con él su posible utilidad o que le ayudaron a publicarlos".

Tras la condena de Silva, el CGPJ nombró a Esperanza Collazos nueva titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, que mantiene imputado a Blesa por la compra del City National Bank de Florida, por la que fue a la cárcel. Precisamente este lunes, la magistrada ha citado a dos peritos del Banco de España que realizaron sendos informes sobre la operación.

Fuentes jurídicas han informado de que ambos expertos confrontarán sus respectivos informes, uno en el que se mostraba favorable a la operación y el otro que apuntaba a que la adquisición se hizo de manera que "pueda eludirse el preceptivo control" de la Comunidad de Madrid y que su precio excedió al que abonaron el Banco Popular y el Sabadell en la compra de otras entidades en Miami.