Comienzan las declaraciones de los aforados imputados en el 'caso de los ERE' irregulares

El Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) comenzó este martes la toma de declaración a los aforados imputados en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares con las comparecencias de los exconsejeros José Antonio Viera y Antonio Ávila, respectivamente.

Estas declaraciones iban a coincidir en el tiempo con la comparecencia de 13 ex altos cargos de la Junta ante la jueza Mercedes Alaya, quien ha aplazado esas citaciones al 28 de abril a petición de la acusación particular que ejerce el PP-A. Los populares solicitaron la suspensión de las comparecencias al coincidir con la declaración en el Supremo de Viera, causa en la que también está personado este partido.

El instructor de la causa en el alto tribunal, Alberto Jorge Barreiro, citó este martes a Viera. El jueves le tocará el turno al expresidente andaluz José Antonio Griñán; el día 14 de abril al también expresidente Manuel Chaves; el día 16 al exconsejero Gaspar Zarrías y, por último, el 21 de abril, a la senadora y exconsejera autonómica Mar Moreno.

El exconsejero andaluz Antonio Ávila manifestó a su llegada al TSJA que en sus 17 años de trabajo para la administración pública no tiene "nada que ocultar". Ávila ha señalado a los periodistas que está "satisfecho" de que haya sido aceptada su petición de declarar voluntariamente, después de que hace aproximadamente un año y medio, ha recordado, fuera citado en un auto que no ha tenido "todavía la oportunidad de recepcionar".

El exconsejero de Economía e Innovación indicaba que acude a declarar voluntariamente para "aclarar lo que tenga que aclarar". "Después de diecisiete años trabajando para la administración pública, yo no tengo nada que ocultar, y todas la personas con las que he tenido la oportunidad de trabajar durante este tiempo saben de mi honestidad y de mi honradez", agregaba.

Ávila dijo que de lo que "se trata en este momento es de sacar adelante" su honradez, por lo que dijo estar "tranquilo y confiado" y colaborará con la justicia en lo que se le requiera. Preguntado sobre si durante el interrogatorio responderá a las acusaciones populares, dijo: "Ya veremos".

A todos los aforados se les ha llamado para prestar declaración en calidad de "imputados en la presente causa en relación con los actos realizados en el desempeño de sus funciones con motivo de la concesión de ayudas sociolaborales y ayudas económicas directas a diferentes empresas de esa autonomía, así como las prestadas a personas físicas".

En el caso de Viera, que ha entrado al juzgado sin hacer declaraciones, estas funciones son las que realizó como consejero de Empleo, mientras que en los de Zarrías y Moreno se les requiere por su responsabilidad como consejeros de Presidencia. A Chaves se le cita en relación a los actos cometidos como presidente del Ejecutivo regional y a Griñán como presidente de la Junta y también como consejero de Economía.

El magistrado instructor, Miguel Pasquau Liaño, ha citado a los tres aforados —todos los imputados a excepción de Manuel Recio— "sin perjuicio de que ulteriormente se les pueda volver a recibir declaración cuantas veces sea necesario por el órgano judicial que resulte definitivamente competente", todo ello en relación al hecho de que, una vez se constituya el nuevo Parlamento andaluz este mes, dejarán de pertenecer a la Diputación Permanente y, por tanto, abandonarán su condición de aforados, por lo que podrían ya comparecer ante Alaya.

A lo largo de sus comparecencias, los cinco exmandatarios de la Junta de Andalucía deberán responder a las preguntas que les realicen tanto el instructor de la causa como los fiscales del Supremo Fernando Prieto y Rafael Escobar, el abogado de las acusaciones populares en representación de Manos Limpias —a quien ha correspondido coordinar la acción letrada— y el PP andaluz.

Viera deberá responder, principalmente, a las preguntas sobre la concentración de ayudas a empresas de la comarca de la Sierra Norte de Sevilla, todo ello después de que, en uno de sus últimos atestados, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señalara que el exconsejero "pudo haber facilitado la concentración" de ayudas en esta comarca "por decisiones de diferente índole" y "con objeto de allegar fondos a determinados beneficiarios con los que mantenía relaciones, especialmente afinidades políticas".

Los agentes aseveran que Viera, "en cooperación con el resto de miembros del Consejo Rector del IFA, pudo favorecer de manera desmesurada a personas de su entorno vinculadas a la comarca de la Sierra Norte de Sevilla", señalando que, como consecuencia de las decisiones adoptadas, los beneficiarios asociados a esta comarca "obtuvieron ayudas por importe total de 56.401.307,43 euros".

La UCO asegura que "pudo tener una participación esencial" en estas ayudas, añadiendo que, "no es que los responsables de la Consejería, entre los que se encontraba Viera, y su equipo no conocieran cómo tenían que actuar, sino que a juicio policial deliberadamente habrían omitido todo el procedimiento legalmente aplicable y todos los controles de la Intervención para disponer de los fondos públicos de manera discrecional a favor de los terceros por ellos determinados".