José Antonio Viera: "Quería instaurar un sistema ágil dentro de la legalidad"

El exconsejero de Empleo andaluz y diputado nacional José Antonio Viera ha declarado ante el Tribunal Supremo que con el sistema de concesión de ayudas sociolaborales que se implantó en Andalucía él pretendía "instaurar un sistema ágil dentro de la legalidad para poderlo aplicar a las necesidades urgentes".

Así se ha expresado el exdirigente socialista ante el instructor de la causa en el Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, a cuyas preguntas ha explicado que las ayudas de carácter individual se empezaron a utilizar en el año 2000 porque "había crisis en Andalucía" y que como la Comunidad Europea hizo "alguna observación negativa" se abrió un "periodo de reflexión en la Junta para poder desarrollar un procedimiento" que respondiera a los problemas.

En el curso de su declaración, Viera ha rechazado conocer los programas presupuestarios concretos que se investigan en la causa por los ERE presuntamente fraudulentos en Andalucía "porque su cargo era político y no entraba en el detalle de la denominación de las partidas" o en la sistemática económico-contable empleada.

Ha reconocido, eso sí, que "la perspectiva de antes no es la de ahora" y que no era una cuestión "de ocultar sino de arreglar el problema en cuanto surgía". Ahora reconoce que pudieron "hacerlo mejor".

En este sentido, ha indicado que su profesión es la de maestro y carece de "formación jurídica como para adentrarse en el recorrido de los instrumentos presupuestarios", por lo que confiaba plenamente en sus subordinados.

Según el diputado "la estructura de la Consejería estaba diseñada  mediante transferencias al entonces denominado Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), por el que el camino que seguía el presupuesto querer que los centros directivos realizaban sus peticiones y la secretaría o el viceconsejero lo visaban "hasta que la Consejería de Hacienda lo aprobaba".

Viera ha respondido también a las preguntas que se le han realizado sobre concentración de ayudas a empresas de la comarca de la Sierra Norte de Sevilla que según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que él realizó "con objeto de allegar fondos a determinados beneficiarios con los que mantenía relaciones, especialmente afinidades políticas".

A este respecto, durante su declaración Viera ha manifestado que en dicha zona sólo ha realizado "alguna gestión política" y no tiene ninguna relación familiar con ningún empresario de la zona.

De hecho, ha apuntado que cuando se presentó como candidato para la secretaria general del PSOE de Sevilla una de las agrupaciones que votó en su contra fue precisamente la de la Sierra Norte, pese a lo cual el dio su "apoyo político" al proyecto. Ha insistido en que no ha nacido en dicha comarca ni tiene familia, si bien acudía con frecuencia a cazar en estas tierras.

No obstante, más adelante recuerda una visita del alcalde de El Pedroso (Sevilla) con una delegación de empresarios de la zona que le vinieron a explicar un proyecto para configurar un matadero que le pareció importante y por ello se lo trasladó al director general "para que configura la ayuda a esa asociación". No le indicó ninguna cifra.

En este sentido, ha narrado como acudió a "dos actos en la zona para reafirmar el compromiso de la Junta en ayudar a esta comarca deprimida", y ha negado que conociera la identidad de los empresarios a los que llegó el dinero público.

Viera indicado ante el juez, los fiscales del Supremo Rafael Escobar y Fernando Prieto y los abogados del resto de aforados nacionales y la acusación popular (dirigida por el letrado de Manos Limpias) que hay cuestiones que tiene "difuminadas" porque han pasado quince años desde que fue consejero.

"En modo alguno se pretendía eludir ninguna fiscalización ni control", ha insistido Viera, para añadir que él no la hubiera permitido.

Siguiendo el mismo discurso, y a preguntas del instructor, Viera ha subrayado que desconocía que las ayudas se realizaran a través del sistema denominado "transferencias de financiación" o que existiera normativa que limitara su uso, y tampoco fue advertido de ello, pues los informes de la Intervención quedaban en la Dirección General.

Preguntado por el Convenio Marco del año 2001, Viera ha manifestado que se encargó a las direcciones generales que busquen unas solución y que no advirtió ninguna ilegalidad en este instrumento legal, puesto que a su firma "no llegaba ningún documento que no estuviera visado por sus subordinados".

En relación con el que fuera director general de Empleo Francisco Javier Guerrero, imputado en la causa que investiga la juez de Sevilla Mercedes Alaya, Viera ha señalado que no habló con él del detalle de ninguna subvención ni éste le comunicó la existencia de posibles irregularidades en las ayudas.

A preguntas del representante del Ministerio Público, Viera ha afirmado que desconocía que algunas ayudas se concedieran sin convenio, solo con la firma del director general, y que enterarse le produce "sorpresa y vergüenza", ya que no podía "imaginar" que se hayan conseguido subvenciones sin ningún tiempo de documentación .

En otra parte de su declaración, sobre su labor de presidente de los consejos rectores del IFA que él presidió desde enero de 2003 a marzo de 2004, ha insistido en el mismo discurso de que este órgano "lo que hace es asumir lo que previamente han hecho los directores generales", señalando en este punto la importancia del director general, que es el que da forma específica a las diferentes ayudas.

Así, ha negado tajantemente que ordenara que se dieran ayudas a un numero determinado de empresas que aparecen en el sumario remitido por la jueza Alaya y que desconoce también nada de lo relacionado con los porcentajes que las corredurías abonaban a los sindicatos.

La comparecencia de Viera es la primera de la que en los próximos días harán cinco aforados, imputados ante el Supremo por este caso, entre ellos los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Por otro lado, la jueza de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, aplazó ayer las declaraciones de trece implicados en la causa a petición del PP andaluz, cuyos letrados querían asistir hoy a la declaración de Viera, a pesar de que el tribunal les había informado ya de que iban a actuar en la causa a través de Manos Limpias y no estaban autorizados a estar presentes.

El próximo 9 de abril llegará el turno de Griñán; el 14 de abril comparecerá Manuel Chaves; el 16 de abril, Gaspar Zarrías, y el 21 de abril, Mar Moreno. El expresidente de la Junta Manuel Chaves y los exconsejeros José Antonio Viera y Gaspar Zarrías son diputados y Griñán y Mar Moreno son senadores.

Entre tanto el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha interrogado hoy -en el sumario del Caso ERE que instruye- al exconsejero andaluz de Economía e Innovación Antonio Ávila, aforado ante esta instancia por ser parlamentario autonómico y que ha prestado declaración voluntaria.

Ávila ha declarado a su salida del alto tribunal andaluz, donde ha declarado durante algo más de dos horas, que no ha participado en "ningún tipo de irregularidad".

El magistrado del TSJA no ha adoptado ninguna medida cautelar (nadie lo ha pedido) y tampoco tomará en principio ninguna decisión "de fondo" sobre el asunto, según han informado a Efe fuentes judiciales.