El juez vuelve a solicitar al Arzobispado la documentación sobre el 'caso Romanones'

El Juzgado de Instrucción número 4 de Granada, que investiga el llamado caso Romanones sobre abusos sexuales presuntamente cometidos por sacerdotes en Granada, ha vuelto a reclamar al arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, "toda la documentación" de la que dispone de los presuntamente implicados, advirtiéndole de que, de no hacerlo, podría incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad judicial.

El magistrado Antonio Moreno, señala, en una providencia del 7 de mayo, que el Arzobispado de Granada ha omitido en la información facilitada hasta ahora "las declaraciones e interrogatorios escritos de los sacerdotes sobre los que se inició expediente eclesiástico", y que "necesariamente deben de obrar de forma escrita a la luz de las disposiciones sobre procedimientos administrativos y eclesiásticos que dieron lugar incluso a resoluciones de suspensión" de los acusados.

Esta última resolución, que avanza este lunes el portal Religión digital, se produce después de otra providencia de finales de marzo en la que el juez daba un plazo de diez días a la Diócesis para que le aportase los datos reclamados, tras aceptar la petición de la acusación particular -que representa al primer denunciante, un joven de 24 años que trasladó su caso al Papa Francisco-.

Concretamente, el titular del Juzgado solicitó el 1 de marzo al Arzobispado que informase si los diez sacerdotes -imputados inicialmente junto a otros dos seglares- han solicitado a la Diócesis el reconocimiento eclesiástico de la asociación o fraternidad o hermandad sacerdotal y de fieles "que de hecho han tenido constituida al menos en los últimos diez años" y, en su caso, si le constan "quejas, reclamaciones o denuncias referidas al modo de proceder de dicha asociación o fraternidad de facto".

Por otra parte, también pidió que informase sobre las contribuciones, donaciones o aportaciones económicas que hubieren podido realizar tanto la asociación de hecho compuesta por los sacerdotes como cualquiera de ellos, por sí o en nombre de terceros, al Arzobispado de Granada o a cualquier entidad o persona dependiente del mismo", y también que aclarase las reuniones mantenidas por el arzobispo, Francisco Javier Martínez, con los integrantes de este grupo.

Por otro lado, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada ha fijado para el próximo 15 de septiembre la vista para decidir sobre la posible prescripción de delitos de abusos sexuales presuntamente cometidos por los sacerdotes en Granada, tras los recursos planteados por la acusación particular y popular al auto del Juzgado de Instrucción 4 del pasado 14 de febrero.

El titular del Juzgado, acordaba mantener sólo la imputación contra el presunto líder del clan por los hechos presuntamente cometidos por él mismo sobre el primer denunciante -que llevó su caso ante el Papa Francisco- porque podrían ser constitutivos de delito de abuso sexual continuado con prevalimiento, castigado con pena de prisión de cuatro a diez años, y en su mitad superior, según consta en el auto de fecha 14 de febrero.

El caso se hizo público el pasado mes de noviembre, cuando fueron detenidos el padre Román, dos sacerdotes más y un profesor de Religión, que sin embargo quedaron después en libertad con cargos, en un caso en el que estaban imputadas inicialmente un total de doce personas.

Todo se precipitó después de que un joven, que hoy tiene 24 años, comunicara por carta al Vaticano que había sido víctima de abusos sexuales desde los 14 hasta los 17 por parte de este grupo de religiosos de Granada, lo que motivó que el propio Papa Francisco le llamara para pedirle perdón y ofrecerle su apoyo. Tras la llamada del Papa al joven, éste formalizó una denuncia ante la Fiscalía Superior de Andalucía, que ordenó a la Fiscalía Provincial de Granada interponer ipso facto denuncia contra todos los afectados.