Esperanza Aguirre denuncia ante la Fiscalía la filtración de sus datos de la renta

La candidata del PP a la Alcaldía de Madrid, Esperanza Aguirre, ha denunciado este jueves ante la Fiscalía General del Estado el "atentado a la seguridad jurídica en España" que supone la filtración a un medio de comunicación (Infolibre) de su declaración de la renta a tres días de las elecciones.

A su llegada a la Fiscalía, donde ha registrado la denuncia, la también presidenta del PP de Madrid ha lamentado que, por "primera vez" en la historia, se haya publicado la declaración de la renta de un contribuyente cuyas rentas corresponden íntegramente a su trabajo en el sector privado y no recibe ingresos de la administración.

Según ha publicado InfoLibre, en 2013 Aguirre ganó 369.000 euros como cazatalentos en la empresa privada Seeliger & Conde y otros 5.000 en juegos de azar.

Aguirre ha recalcado que presentará también una denuncia ante el Ministerio de Hacienda —del que depende la Agencia Tributaria— y que este caso demuestra que es "capaz" de ganarse el "sustento" en el sector privado "bastante mejor" que en la administración pública desde el punto de vista de la retribución.

Tras pedir una investigación sobre la filtración, la candidata del PP ha hecho un llamamiento a preservar la seguridad jurídica de todos aquellos ciudadanos que, como ella, han pagado "hasta el último céntimo" del IRPF y del IVA en "cantidades verdaderamente impresionantes" y no han recibido "nada de dinero público".

Todo ello, ha apostillado Aguirre, cuando ella misma podría haber ingresado en el Consejo Consultivo en su condición de expresidenta de la Comunidad de Madrid, como hicieron sus dos predecesores en el Gobierno regional, Joaquín Leguina y Alberto Ruiz-Gallardón.

Según Aguirre, este caso es "algo que no puede quedar así" y que deben investigar tanto la Fiscalía General del Estado como el Ministerio de Hacienda.

Aguirre ha reclamado que los funcionarios que han causado la filtración sean "penalizados" tras recordar que varios artículos de la ley tributaria y del Código Penal establecen que este caso podría constituir un tipo agravado de delito de revelación de secretos, por la posible mediación de funcionario público en el suceso denunciado.

Aguirre ha considerado estos hechos muy graves porque "es un ataque a la seguridad jurídica sin precedentes, un delito de revelación de secretos agravado" por el hecho de que los datos los ha filtrado un funcionario y se refieren a una candidata a las elecciones del próximo domingo.

Horas antes, durante una visita a una fábrica de mobiliario de oficina en el distrito de Usera, Aguirre ha dicho que ha recibido por la mañana la llamada del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para hablar de este asunto.

"En la Agencia Tributaria se deja rastro de qué ordenador ha entrado en mi declaración, a qué hora, quién, qué funcionario ha sido", ha dicho Aguirre, y por eso instará a la Fiscalía General del Estado a que investigue quién es el responsable de la filtración.

"Es muy interesante saber quién ha entrado en mi declaración porque no tiene precedente, es la primera vez en la historia que se publica la declaración de la renta de una contribuyente ejemplar, que percibe cero euros de dinero público en 2013. Cero", ha recalcado.

Aguirre se ha mostrado indignada por el hecho de que se haya filtrado documentación confidencial, aunque ha reiterado que no tiene "ningún inconveniente" en que se hayan conocido sus datos para que todo el mundo vea que no tiene "acciones ni nada, sólo las rentas" de su trabajo personal. "Y al que le pique pues que se rasque, qué quiere que le diga", ha zanjado.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha informado de que la Agencia Tributaria ha abierto una investigación interna sobre la filtración. El objetivo es, ha dicho, "dilucidar la posible existencia de una revelación de información tributaria amparada por el deber del sigilo que exige el artículo 95 de la Ley General Tributaria".

El Ministerio ha asegurado que "lamenta la revelación de información tributaria de cualquier contribuyente, hecho que está prohibido por el ordenamiento jurídico vigente". En este sentido, aclara que se abre la investigación a raíz de la información publicada en un medio de comunicación "y ante la eventualidad de que no conste con la conformidad del contribuyente".