El Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid ha archivado el caso Arroyo, una investigación abierta hace un año sobre distintos cargos del PP, entre ellos el alcalde en Arroyo, José Manuel Méndez, por su presunta participación en una trama de especulación urbanística.
El juez dice que no está probado que se haya perpetrado un delito y añade que no se llegó a cometer por el control de la Junta sobre las modificaciones hechas en el Plan de Ordenación Urbana.
La investigación se centró en un convenio urbanístico entre Méndez y una ex empleada suya y apoderada de la constructora Mahía, María Iluminada Miguel, que permitía recalificar un suelo industrial a urbano para edificar 2.984 viviendas. La promotora lograría un beneficio de 179 millones, frente a los 12,4 millones entregados a cambio al Consistorio. El juez llegó a pedir documentación sobre 15 personas, entre ellas distintos cargos del PP como Raúl de la Hoz o Dionisio Miguel, informa Europa Press.
El auto, que puede ser recurrido, sí pide a la Agencia Tributaria que investigue a la empresa Danfranma, de la que es socio un hijo de Dionisio Miguel, por su espectacular crecimiento del 600% en su facturación, pasando de tener 17 empleados a cerca de 90 en sólo tres años.
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