En octubre de 2013, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) decidió poner a disposición de las comunidades autónomas 2.000 viviendas para fines sociales. A día de hoy, dos años después, sólo 1.600 habrían sido adjudicadas. Ahora, la Sareb anuncia que está estudiando añadir mil casas más a ese parque de viviendas sociales hasta llegar a las 3.000.

Hasta la fecha, el llamado "banco malo" ha alcanzado acuerdos con varias comunidades autónomas como Cataluña, Galicia, Aragón o el País Vasco, y está negociando con otras como Canarias. Gracias a estos acuerdos, la Sareb ha cedido a Cataluña unos 900 pisos; a Galicia, 50; a Aragón, unos 80, y al País Vasco, 10. El objetivo de la Sareb sería cerrar acuerdos con casi todas las comunidades autónomas antes de que finalice el año.

De forma paralela a este proyecto, en el que la Sareb quiere seguir avanzando, la Sociedad se encuentra en negociaciones con los ayuntamientos de grandes ciudades (más de 250.000 habitantes) como el de Madrid o el de Barcelona, para cederles pisos que serán destinados a fines de urgencia. De esta manera, los consistorios podrán utilizar estas viviendas para, por ejemplo, reubicar a familias que han tenido que abandonar sus casas por incendios o derrumbes.

Desde su creación en 2012, la Sareb se ha centrado en la venta de los inmuebles de su cartera, fundamentalmente a inversores y fondos buitre, pero no ha puesto especial énfasis en su compromiso social. De hecho, la función del llamado 'banco malo' no es hacer política de vivienda, según reconoció el Gobierno en diciembre del pasado año, en respuesta parlamentaria. El Ejecutivo aclaraba entonces que las comunidades deberían compensar a la Sareb por cederles pisos.