Catalá dice que la Justicia no podía estar al margen de reformas y destaca la confianza que genera la seguridad jurídica

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha destacado la importancia de potenciar la seguridad jurídica que "genera confianza en los ciudadanos, en las empresas y en los inversores". Así, ha asegurado que la Justicia "no podía estar al margen sino que tenía que participar y colaborar en el programa reformista" llevado a cabo por el Gobierno en esta legislatura.

En su discurso de inauguración del XI Congreso Jurídico de la Abogacía Icamálaga en Marbella (Málaga), Catalá ha señalado que la política de reformas de la Justicia "es un trabajo inacabado y creo que inacabables en la medida en que la sociedad avanza y evoluciona y, por tanto, la justicia y el derecho tienen que acompañar ese proceso".

Ha destacado que el papel crítico pero constructivo de los abogados en ese programa de reformas ha permitido la derogación de las tasas judiciales para las personas físicas, el mantenimiento del actual modelo de demarcación judicial y el "abandono" de la Ley de Servicios Profesionales, "que generaba más tensión que mejoras". "Se reforma haciendo y también a veces dejando de hacer o modificando lo existente", ha insistido.

El ministro ha aludido al plan de reformas general realizado por el Ejecutivo central desde 2011, momento en el que había "una España exhausta, debilitada, sin credibilidad exterior y sobreendeudada, con unas tasas de paro insostenibles, donde la actividad económica y profesional tenía una caída vertiginosa".

Ahora, ha dicho, "gracias al esfuerzo de todos estamos afrontando una nueva situación", en la que "crecemos prácticamente al 3,5 por ciento", con un modelo "sano, estable". Así, ha apuntado que en el final de legislatura "cerraremos un ciclo difícil, pero los españoles nos tenemos que sentir muy orgullosos de haber sido capaces de salir de una etapa oscura y afrontar otra en la que los desafíos son importantes pero vamos a crecer desde bases muy sólidas".

Así, ha señalado que las reformas en justicia se han realizado en torno a tres ejes, el primero "la mejora de un servicio público", para lo que ha apostado por debatir de "más medios y mejores, materiales, tecnológicos y humanos, para una justicia de más calidad". Ha indicado que el presupuesto para 2016 tendrá un incremento del 7,26 por ciento, lo que permitirá invertir en tecnología y en convenios con las comunidades autónomas y colegios profesionales.

Ha dicho que el camino es hacia la creación de plazas de jueces, fiscales y letrado de la administración de justicia, apuntando que "hasta 4.000 plazas vamos a convocar en dos años promoviendo la profesionalización y la reducción del empleo temporal".

Como segundo eje ha señalado las reformas legislativas "que nos parecían inaplazables", como la de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el nuevo Código Penal, que pretende "adecuar la respuesta del Estado de Derecho frente a los delitos"; la Ley de Segunda Oportunidad, que va a permitir a personas y a sociedades negociar y gestionar la superación de la crisis; al estatuto de la víctima del delito y la modificación del baremo de daños en accidentes de tráfico.

También se ha referido a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, reiterando que los plazos máximos para la instrucción que establece "en ningún caso" van a crear espacios de impunidad, apuntando que se diseña un nuevo modelo de colaboración entre el juez y el fiscal para gestionar los asuntos y los tiempos".

Ha destacado como otro de los objetivos de la legislatura la lucha contra la corrupción "que hemos conocido en los últimos tiempos de hechos del pasado y que requieren de cualquier gobernante comprometido adoptar medidas", algunas de ellas legislativas.

Apuesta de la junta de andalucía

Por su parte, el consejero andaluz de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha destacado la apuesta de la Junta de Andalucía por la justicia gratuita y las nuevas tecnologías y ha destacado que el Gobierno andaluz garantiza este derecho básico a más de 300.000 personas al año, garantía que responde "a las políticas de igualdad de oportunidades".

Además, el consejero ha hecho referencia a las modalidades específicas de atención que incorpora el sistema andaluz, frente a otras comunidades, como las de violencia de género, maltrato infantil o extranjería. "De esta manera garantizamos un mejor, específico y eficaz servicio a la ciudadanía", ha señalado.

Esta asistencia es posible, ha afirmado De Llera, gracias a los 9.000 profesionales, entre abogados y procuradores que ejercen su labor los 365 días del año. "Que podamos subir ese 10 por ciento que me piden, lo veremos", ha señalado De Llera, quien ha apuntado que "yo la recuperación no la veo todavía por ningún lado".

En este sentido, ha enumerado herramientas como el simulador económico, al que se puede acceder a través de la web de la Consejería y permite saber al instante si un ciudadano tiene derecho a beneficiarse de la asistencia jurídica gratuita, y el sistema Temisa, una herramienta de gestión informática que "agiliza los trámites y disminuye el coste económico que realiza la Administración autonómica para financiar la Justicia gratuita".

La Abogacía es, según De Llera, "una pieza esencial dentro de la Administración de Justicia y absolutamente necesaria para la consolidación de la Justicia, la democracia y la paz social, porque a los abogados se les encomienda, nada más y nada menos, que nadie quede sin defensa de sus derechos y asumen esta labor con libertad e independencia, al servicio de la justicia y de la sociedad".

CONGRESO

El ministro ha felicitado al Colegio de Abogados de Málaga por este congreso en el que "surgirán ideas" y se trabajará "duro" en las 28 secciones de formación con 68 ponencias y cinco mesas redondas que conforman el programa.

El presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, José Pascual Pozo, ha indicado que este congreso se encuentra "entre los punteros de España" debido, entre otras razones, al número de asistentes y la oferta de ponencias. "Esto demuestra que la abogacía andaluza y española están en constante proceso de formación y especialización, algo fundamental para el siglo XXI", ha indicado.

La secretaria general del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, ha reivindicado la importancia que los letrados desempeñan en la Administración de Justicia, en la defensa de los Derechos Humanos y en la defensa del Estado de Derecho y la consecución de la paz social y ha indicado que en la base de cualquier reivindicación está "la exigencia y la necesidad de una formación de excelencia".

El decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, ha destacado la calidad de las ponencias y de los ponentes, que hacen que el congreso se convierta "en el punto de referencia nacional en la formación", con más de 1.300 inscritos. Ha señalado las mejoras del sector desde la anterior edición, cuando "eran miles las personas que se veían imposibilitadas de acceder a la Justicia con la Ley de Tasas y estábamos amenazados con la reforma de la demarcación de planta judicial".

El alcalde de Marbella, José Bernal, ha lamentado que la profesión de abogado esté "poco valorada" por la sociedad, ya que es "el último bastión del ciudadano libre frente al poder del Estado". "En no pocas ocasiones los letrados se han enfrentado con el poder establecido. Y en muchas de ellas, con éxito porque eran conscientes de la importancia de abordar los debates desde la razón y el argumento de la leyes", ha señalado, animando a estos profesionales a "seguir defendiendo a los ciudadanos contra toda amenaza".