El Colegio de Abogados pide la suspensión del sistema Lexnet por los perjuicios de su "mal funcionamiento"

El Colegio de Abogados de Jaén solicita al Ministerio de Justicia la suspensión inmediata o moratoria de la obligatoriedad para los profesionales de la justicia de la presentación telemática de escritos a través del canal electrónico del sistema Lexnet, debido a los perjuicios que está ocasionando su "mal funcionamiento".

Esta petición nace de una decisión de la Comisión Permanente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (Cadeca) después de los numerosos fallos y deficiencias detectados en el sistema una vez que ya ha transcurrido más de un mes desde su puesta en marcha el pasado 1 de enero.

"Esta situación está provocando numerosos problemas tanto a los profesionales de la Justicia como a los ciudadanos a los que representan", ha incidido este lunes en una nota el decano del colegio jiennense, Vicente Oya.

En este sentido, ha dicho que están recogiendo "las quejas de numerosos letrados" de la provincia a los que el "mal funcionamiento" de Lexnet está ocasionando numerosas demoras e incluso la imposibilidad de presentar los escritos de forma telemática.

"Esto está impidiendo que los profesionales de la Justicia podamos cumplir con la obligación que nos impone el Real Decreto 1065/2015, generando una situación de inseguridad jurídica y riesgo profesional para los mismos que el Colegio de Abogados de Jaén y el Cadeca se ven en la necesidad de amparar", ha afirmado Oya.

Por ello, la entidad colegial solicita al Ministerio de Justicia que los profesionales de la justicia puedan presentar los escritos en formato papel "hasta que el correcto funcionamiento del sistema LexNet garantice la necesaria seguridad jurídica con la que los abogados deben desempeñar su función constitucional de defensa de las partes en toda clase de procedimientos, salvaguardando de este modo el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos".

Además, el Cadeca ha dado traslado de este acuerdo a la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Consejo General del Poder Judicial, Consejo General de Procuradores de España, Consejo General de la Abogacía Española y la Defensora del Pueblo para que conozcan el "grave problema" que están padeciendo tanto los profesionales de ámbito judicial como los ciudadanos a los que representan.