El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha pedido a Francia que amplíe la entrega José Javier Arizcuren Ruiz, alias Kantauri, para que se le pueda investigar en España por el asesinato en 1997 del concejal del PP Miguel Ángel Blanco, después de tomar declaración al etarra.

Kantauri, que está actualmente preso en la cárcel de A Lama (Pontevedra), fue extraditado en su momento por Francia para cumplir una serie de condenas en España y este miércoles ha declarado por videoconferencia ante el magistrado como inductor del secuestro y posterior asesinato del concejal.

Según fuentes jurídicas, el etarra ha alegado al juez que, de acuerdo al principio de especialidad, él no había sido entregado por el país galo para ser investigado por este caso y no se le podía interrogar en torno a estos hechos. En ese momento el fiscal Miguel Ángel Carballo le ha preguntado que si accedía a ser extraditado por el asesinato de Miguel Ángel Blanco, a lo que ha contestado que no.

De esta manera, el juez ha decidido cursar una orden de detención europea (OED) contra él por este crimen, con la intención de que Francia dé su permiso para que se le investigue con relación a él. De no ser así, el etarra quedaría en libertad una vez cumpla las condenas y luego se le tendría que detener.

El juez reabrió el caso el pasado enero, a petición de la Fiscalía, en vista de los indicios de que fue él quien ordenó su muerte al comando que acabó con la vida del concejal del PP en el Ayuntamiento de Ermua.

Velasco solicitó además un informe pericial de inteligencia de la Guardia Civil sobre la implicación de Kantauri, escrito que mencionó la Fiscalía en su petición de reapertura del caso junto a nuevos indicios recogidos en otros procedimientos de ETA y que aún no se ha recibido.

La resolución del juez de reabrir el caso recogía parte del informe del ministerio fiscal, en el que se afirma que "se han identificado nuevos elementos indiciarios de contenido incriminatorio que han permitido establecer de forma sólida con carácter presuntivo la participación en el crimen" del entonces dirigente de ETA.

"Desprendiéndose del informe del Ministerio Fiscal indicios suficientes para presumir la participación del dirigente de ETA en el año 1997, José Javier Arizcuren Ruiz, Kantauri, en el crimen del que fuera concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ermua, Miguel Angel Blanco, dando la orden al comando ejecutor para secuestrar y asesinar al mismo, es procedente decretar la reapertura de las actuaciones", señalaba el auto del juez.

El fiscal pidió al juez que se le investigara tras examinar unos documentos hallados en el registro en 1997 del piso que ocupaba el comando Vizcaya, autor del secuestro.

En esa casa se encontraron dos cartas manuscritas y firmadas por Kantauri, en las que, según el fiscal, "daba instrucciones precisas al comando sobre la ejecución del secuestro".

Kantauri, en esos momentos jefe militar de ETA, cumple pena en prisión por el asesinato del concejal del PP Alberto Jiménez-Becerril y su esposa Ascensión García en Sevilla en 1998, y también está imputado por el asesinato del concejal del PP Gregorio Ordóñez en 1995.

Por el asesinato de Miguel Ángel Blanco ya fue condenado Ibon Muñoa Arizmendarrieta en 2003 y en 2006 Francisco Javier García Gaztelu, Txapote, e Irantzu Gallastegi Sodupe.

Sin embargo, el fiscal afirmaba que, tras examinar minuciosamente otros sumarios de acciones etarras, ha identificado nuevas pruebas que establecen "de forma sólida" la participación en el crimen de Kantauri, "dando la orden al comando ejecutor para secuestrar y asesinar al concejal".

Mencionaba en este sentido un informe de inteligencia de la Guardia Civil de enero de 2002 (el que ahora ha pedido el juez) contenido en otro sumario en el que se atribuye la responsabilidad del asesinato, entre otros, a Kantauri, como jefe militar de ETA y por tanto "responsable directo de los comandos activos a quienes dirigía las órdenes de atentar".