El número total de lanzamientos hipotecarios o desahucios practicados en 2015 fue de 67.359, un 1,1% menos que en 2014, según el informe "Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales" publicado este viernes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Más de la mitad de los lanzamientos —incluyen todo tipo de inmuebles— un 53% (35.677), se derivó de la aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otro 43,4% (29.255) fue consecuencia de ejecuciones hipotecarias. Otros 2.457, obedecieron a otras causas. Los lanzamientos por impagos del alquiler descendieron un 1,1% y aquellos derivados de ejecuciones hipotecarias aumentaron un 1,2%.

Por comunidades autónomas, las mayores bajadas en 2015 respecto al año anterior se registraron en La Rioja (-17,29%), Madrid (-9,69%), Baleares (-6,79%) y Extremadura (-6,36%). Los lanzamientos crecieron en más número, sin embargo, en Cantabria (27,84%), Castilla-La Mancha (15,88%), Navarra (15,10%).

El número de ejecuciones hipotecarias totales iniciadas en 2015 fue de 68.135, lo que representa un descenso del 15,6%. Es la cifra más baja de las registradas desde 2009, cuando se iniciaron 93.319 ejecuciones hipotecarias. En 2010 fueron 93.636; en 2011, 77.854; en 2012, 91.622; en 2013, 82.680 y en 2014, 80.749.

Las cifras del CGPJ son parecidas a las publicadas este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que estimó la bajada de las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales en un 13% en 2015. Según el INE, el 59% de los procesos de embargo iniciados sobre viviendas en 2015 correspondieron a hipotecas inscritas en el periodo 2005-2008, es decir, en plena burbuja inmobiliaria y antes de que estallara la crisis económica por el pinchazo del ladrillo.

"Se aprecia una importante mejora en la tendencia respecto a años anteriores, pero se siguen mostrando que todavía muchos consumidores continúan sufriendo los efectos devastadores de la crisis", asegura la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que pide a las administraciones un plan de medidas para mitigar los "efectos desastrosos" del impago de créditos en familias, particulares y consumidores sobreendeudados de "buena fe".

Entre las medidas que recomienda la OCU están reestructurar de la deuda hipotecaria, procedimientos concursales abreviados y gratuitos, impuestos benevolentes para los obligados a trasmitir su vivienda por insolvencia y reformar el sistema de ejecución hipotecaria mediante subasta, para evitar que profesionales con pocos escrúpulos puedan beneficiarse de la ruina de familias.

En todo caso, la OCU recomienda ser "prudentes" a la hora de endeudarse y no destinar más de cuatro veces los ingresos anuales del hogar al pago de la hipoteca.