El Sindicato de Estudiantes "vuelve a la carga" esta semana con la convocatoria de huelga el miércoles 13 y el jueves 14 de abril para exigir la "completa derogación" de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y el Decreto '3+2' que permite reducir la duración de los grados universitarios y aumentar los másteres.

Así lo ha anunciado esta organización, que cuenta con el apoyo de Podemos y la Plataforma Estatal por la Escuela Pública —integrada por entidades sindicales, confederaciones de padres y el propio Sindicato de Estudiantes—. La semana de protestas concluirá el día 14 con una "gran manifestación" en Madrid, a las 12:00 horas en Atocha, y en varias capitales de provincia.

Según ha indicado la secretaria general de esta asociación estudiantil, Ana García, la aprobación la semana pasada de la proposición de ley en el Congreso para paralizar el calendario de aplicación de la Ley Wert es sólo un "gesto simbólico" porque permite que "siga en marcha".

Diputados de Podemos, En Marea y En Comú mostraron su respaldo a las protestas del Sindicato de Estudiantes a las puertas del Congreso, en una rueda de prensa conjunta, y horas antes del debate en el pleno de la iniciativa del PSOE de suspender la aplicación de la ley.

La Plataforma Estatal por la Escuela Pública manifestó también su apoyo a la huelga estudiantil, como hizo en varias ocasiones la pasada Legislatura, ante la "nula aplicación práctica" de la proposición aprobada en la Cámara baja y la inminente puesta en marcha de la evaluación final de Primaria de la LOMCE, el próximo mes de mayo.

Se trata de la segunda huelga a la que se enfrenta el ministro de Educación en funciones, Íñigo Méndez de Vigo, la primera de ellas convocada el pasado 3 de marzo por el Frente de Estudiantes, un nuevo sindicato estudiantil, que llamó a vaciar las aulas de colegios e institutos en defensa de la educación pública, aunque no tuvo gran repercusión.

Además de las protestas, el titular de Educación se enfrenta estos días a la rebelión de varias comunidades autónomas que han anunciado que no van a someter a sus alumnos a la prueba final de Primaria, como es el caso de País Vasco, Canarias y Navarra.

Méndez de Vigo ha contestado que "la ley se va a aplicar", aunque se ha comprometido a que no hacer públicos los resultados de las evaluaciones para evitar los ránkings de centros educativos, "si ese es el problema" para quienes las critican.