La Justicia obliga a reabrir la investigación del accidente del Alvia a Santiago

La Audiencia Provincial de A Coruña ha ordenado reabrir la instrucción sobre el accidente del tren Alvia que supuso 80 muertes y más de un centenar de heridos el 24 de julio de 2013, según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

El juez cerró la instrucción tras descartar los

recursos para

ampliar las pesquisasLa sala concluye que el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago debe seguir investigando para aclarar las dudas que han arrojado las pruebas periciales, especialmente, las que incidían en deficiencias de seguridad en la vía en la que descarriló el Alvia 04155.

La Audiencia obliga a aclarar si existió o no una "evaluación integral del riesgo de la línea" que tuviera en cuenta la peligrosidad de la curva de A Grandeira, donde tuvo lugar el descarrilamiento, si realmente hubo informes que alertasen de la misma y por qué se transfirió la gestión de esa responsabilidad al maquinista o a Renfe.

"Subsisten indicios (...) de que existía un riesgo de accidente en la curva que no fue evaluado específicamente (...) lo que implica que debería haber sido reducido (...) y no se hizo", afirma el tribunal.

Andrés Lago Louro, titular de Instrucción 3, había cerrado la investigación -paso previo para la apertura del juicio oral en el que se determinarían las responsabilidades- con el maquinista del convoy, Francisco José Garzón Amo, como único imputado y tras rechazar todos los recursos para ampliar las pesquisas.

La Fiscalía solicitaba una pena de cuatro años de prisión para el conductor, que admitió haberse distraído durante el recorrido y haber entrado en la curva de A Grandeira a más velocidad de la permitida. Fue ese exceso el que, según la investigación, hizo descarrilar el tren.

A pesar de que la comisión abierta por el Ministerio de Fomento derivó toda la responsabilidad hacia el maquinista, los supervivientes, los familiares de los fallecidos y el sindicato de maquinistas exigen responsabilidades políticas por el estado de la vía y la ausencia de un sistema de seguridad (el ERTMS) que habría evitado el siniestro.

Entre las irregularidades del trazado, la Plataforma Víctimas Alvia 04155 cita el peso del convoy, 32 toneladas mayor de lo permitido; o el hecho de que la aseguradora de Renfe viese un "riesgo previsible y no tolerable" en la curva de A Grandeira que debería haber sido "mitigado".

Julio Gómez-Pomar, presidente de Renfe llegó a admitir problemas en de señalización del tramo. Gonzaló Ferré, su homólogo en Renfe, responsabilizó al anterior ministro del ramo, el socialista José Blanco, de reducir la seguridad en la zona. Ferré admitió, asimismo, que el sistema de frenado ERTMS habría evitado las 80 muertes. Ambos estuvieron investigados en el procedimiento, pero la Audiencia Provincial de A Coruña ordenó levantar sus imputaciones.

Ana Pastor, ministra de Fomento, anunció la revisión de todos los tramos similares al del AVE a Santiago después del accidente. Su departamento también implantó una nueva señalización en A Grandeira y modificó los protocolos para aumentar la seguridad en todos los recorridos.

La plataforma de víctimas ha solicitado la dimisión y el procesamiento de todos los implicados en la gestión de la infraestructura, pero la Justicia ha denegado sus peticiones.

También ha exigido a la Comisión Europea y a la Agencia Europea del Ferrocarril que hagan público el informe sobre el siniestro, que califican de "esencial" para clarificar las responsabilidades. Su campaña de presión cuenta ya con 260.000 firmas. La reapertura de la instrucción y la reevaluación de los posibles fallos de seguridad en la vía permitirán que el colectivo tenga una nueva oportunidad.