La Fiscalía pide 40 años de cárcel para el exalcalde de Boadilla y 76 años para Correa por la 'Gürtel'

La Fiscalía ha pedido penas de 40 años y siete meses de cárcel para el exalcalde del municipio de Boadilla del Monte Arturo González Panero, conocido como 'el Albondiguilla', y de 76 años y siete meses de prisión para el líder de la 'Gürtel', Francisco Correa, por los contratos adjudicados a la trama en la localidad madrileña.

El Ministerio Público pide en su escrito provisional de acusación que un total de 27 personas procesados y trece personas jurídicas, entre ellas el Partido Popular de Boadilla, se sienten en el banquillo por esta pieza separada del 'caso Gürtel'. En concreto, considera a la formación política partícipe a título lucrativo por haberse beneficiado con la actuación de la trama en una cuantía de 204.198,64 euros entre 2001 y 2009.

El partido será juzgado también como partícipe a título lucrativo por las actividades de la primera época de la Gürtel y las actividades de la red en las localidades madrileñas de Majadahonda y Pozuelo; mientras que está considerado como responsable civil subsidiario en el juicio por la contabilidad B de la formación.

En la pieza separada sobre Boadilla del Monte, Anticorrupción reclama a la Audiencia Nacional que el 'número dos' de la red de presunta corrupción, Pablo Crespo, sea condenado a 64 años y siete meses de cárcel; el exdiputado regional Alfonso Bosch a 23 años y medio; y al exconcejal de Boadilla José Galeote a 22 años de prisión.

De igual modo, reclama la imposición de trece años y medio de cárcel para la exadministradora de empresas de la trama Isabel Jordán; once años para el supuesto blanqueador y exvicepresidente de Repsol Ramón Blanco Balín; diez años y dos meses para el empresario Jacobo Gordon; y siete años y un mes para el también empresario José Luis Ulibarri.

Entre los acusados, figuran también el contable de la red José Luis Izquierdo, que se enfrenta a siete años y medio; el empresario Alfonso García-Pozuelo, para quien pide cinco años y ocho meses; y el asesor Luis de Miguel, que afronta cinco años de prisión. Las penas más bajas, de dos años y medio,  están dirigidas  a Javier Nombela, Juan Jesús Siguero, María del Carmen García Moreno y José Francisco Pastor de Luz.

La lista de procesados está formada también por el que fuera jefe de la empresa municipal del suelo de la localidad Cesar Tomás Martín Morales; al responsable de la empresa Sufi Rafael Naranjo Anegón y su hijo Gonzalo; al exdirector técnico de la Concejalía de Deportes, Juan Carlos Rey Rico; el arquitecto contratado por el consistorio Antonio de Miguel; José Luis Martínez Parra; Rafael Martínez Molinero; Carlos Jorge Martínez Massa y Rodolfo Benigno Ruiz; Javier del Valle Petersfeldt y Alicia Vallejo.

La Fiscalía cree que los acusados percibieron pagos o regalos por su intervención, entre los que Galeote recibió 557.609 euros, González Panero 1,8 millones, Martín Morales un cobro de 1,3 millones y Alfonso Bosch otro de 941.652 euros. Francisco Correa percibió por los contratos adjudicados a sus empresas 2,1 millones e ingresó 2,7 millones en concepto de comisiones por su intermediación a favor de empresas ajenas a su grupo y Pablo Crespo 593.000 euros.

Acusa a los principales encausados de delitos de asociación ilícita, prevaricación, fraude a las administraciones públicas, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil, cohecho, ilícitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.

La causa investiga la actuación del entramado personal creado por Correa, quien habría incorporado a funcionarios y autoridades del municipio a cambio de comisiones. Esta red habría dirigido en la práctica toda la contratación pública, con independencia de que los empleados públicos que la integraban participaran directamente o no en cada uno de los expedientes.

Las actividades de la trama se centraron especialmente en el seno de la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda (EMSV), a la que controlaban "de facto" a través de sus gerentes y a la que, consecuentemente, transferían desde el consistorio los contratos de los servicios, consiguiendo así eludir los controles, entre otros, de la oposición política y de la Intervención.

Según la Fiscalía, el entramado estaría integrado por el 'número dos' de la trama, Pablo Crespo, que habría actuado de modo permanente desde 2002; José Galeote -exconcejal y padre del exeurodiputado del PP Gerardo Galeote- por su intervención entre 2001 a 2003; el exalcalde González Panero y el funcionario municipal César Tomás Martín Morales desde su creación y el exdiputado autonómico Alfonso Bosch Tejedor, que participó su nombramiento como gerente de la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda (EMSV) en 2003.

Este grupo habría favorecido la contratación de Sufi, filial de Sacyr, pilotada por Naranjo Anegón; las sociedades relacionadas con Alfonso García-Pozuelo; la mercantil UFC, de José Luis Ulibarri; Teconsa, gestionada por José Luis Martínez Parra; Artas Consultoría, tras la que se ocultarían algunos miembros del grupo liderado por Correa; así como otras firmas de eventos vinculadas al cabecilla de la Gürtel.