El TSJCV incoa 72 procedimientos contra aforados en 2015, un 3% más que el año anterior

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) incoó un total de 72 procedimientos contra aforados en el año 2015, un 3% más que el año anterior. Sin embargo, en ambas ocasiones, tan solo fueron abiertas unas diligencias previas.

Así lo ha indicado este miércoles el fiscal superior de la Comunitat Valenciana, Antonio Montabes, durante su intervención en la Apertura del Año Judicial, en un acto presidido por la presidenta del TSJCV, Pilar de la Oliva.

Montabes ha aprovechado su discurso para presentar la Memoria de la Fiscalía de la Comunitat del año 2016, relativa al ejercicio 2015. En primer lugar se ha referido a los procedimientos penales y ha señalado que el TSJCV incoó 72 procedimientos contra aforados.

En el ámbito Civil, se dictaminaron 46 recursos de casación con base en la Ley Valenciana 5/2011 sobre el régimen de convivencia compartida de hijos e hijas cuyos progenitores no conviven, lo cual supuso una disminución del 15%.

En materia Contencioso-Administrativa, hubo 380 dictámenes de competencia, con una disminución del 10%; y en el ámbito Social el fiscal realizó 21 dictámenes de competencia y asistió a las vistas señaladas.

Con respecto a la evolución de la criminalidad, Montabes ha resaltado que disminuyeron más de un 8% las diligencias incoadas por las distintas formas de homicidio y un 2% por delito contra la Administración Pública, aunque aumentaron "muy significativamente" las de fraude a la Seguridad Social, que pasaron de cuatro a 34.

Bajaron un 15% las diligencias por robo con violencia o intimidación y aumentaron a 52, más de un 92%, las abiertas por delito de tortura y contra la integridad moral; un 10% por delito contra la libertad sexual; un 5% por delito contra las relaciones familiares; y un 4% por delito contra la Administración de Justicia.

LOS MEDIOS

Montabes se ha referido también a los medios personales y materiales de Fiscalía. Ha afirmado que al igual que se está haciendo en otras comunidades, también en la valenciana se trata de implantar un nuevo modelo de Oficina Judicial y Fiscal que permita agilizar y mejorar la eficacia de la Administración de Justicia con un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales.

En la última Comisión Mixta, de febrero de 2016, la Conselleria de Justicia apostó por el modelo implantado en el territorio del Ministerio de Justicia, diseñado en coordinación con la FGE, con organización por áreas funcionales.

Y se llegó al acuerdo de crear un grupo de trabajo entre la Subdirección de Modernización de la Conselleria y los Fiscales Jefes Provinciales para elaborar el proyecto de resolución y las relaciones de puestos de trabajo.

Montabes ha indicado que está en estudio, y "prácticamente consensuado", el proyecto de orden de la Conselleria de Justicia por la que se determina la estructura y organización de la Oficina Fiscal en la Comunitat Valenciana y de la Unidad de Apoyo al Fiscal Superior.

Con todo, el fiscal superior ha destacado la "importancia" del papel del ministerio fiscal en todos los órdenes jurisdiccionales, su intervención como defensor de la sociedad y los derechos de los ciudadanos, especialmente de los colectivos más desfavorecidos y, por ello, para poder cumplir estos objetivos, "se precisan los mejores medios y una mayor inversión", ha reclamado.