May alega ante el Supremo que tiene poderes para activar el 'brexit' sin el Parlamento

El presidente del Tribunal Supremo británico, David Neuberger, ha iniciado este lunes el histórico recurso sobre el brexit y dejó claro que la corte solo se limitará a evaluar un asunto "legal", de manera "imparcial", y no "cuestiones políticas". Ebn la primer jornada del proceso, el Gobierno de Theresa May ha alegado que tiene poderes suficientes para activar el "brexit" sin el Parlamento

Neuberger es uno de los once jueces que desde este lunes y hasta el jueves atienden el recurso del Gobierno contra un dictamen anterior que exige la autorización del Parlamento para activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que inicia el proceso formal de negociación sobre la salida del Reino Unido de la UE. No obstante, no se prevé que los magistrados pronuncien su veredicto hasta el año próximo.

"Esta apelación atiende asuntos legales y, como jueces, nuestro deber es considerar estos asuntos de manera imparcial y decidir el caso en virtud de la legislación. Esto es lo que vamos a hacer", puntualizó el presidente de la máxima instancia judicial británica. Neuberger añadió que reconocía el gran interés público que el caso ha generado y los "fuertes sentimientos" asociados con el voto a favor del "brexit" y sus consecuencias políticas, pero dijo que la corte tiene la obligación de dejarlos a un lado en este caso.

Tras la introducción, el abogado general del Estado, Jeremy Wright, empezó a desgranar sus argumentos de que es el Gobierno el que tiene la potestad de activar el artículo, después de que los británicos votasen en referéndum —el 23 de junio— a favor de salir del bloque europeo. Wright subrayó que el plebiscito arrojó un "claro" resultado puesto que fue respaldado por el 51,9% de los votantes.

El Gobierno presentó el recurso ante el Tribunal Supremo después de que el Tribunal Superior de Londres considerase el pasado noviembre que May no puede invocar el artículo 50 sin consultar antes a las dos cámaras parlamentarias -Comunes y Lores-.

La primera ministra ya ha indicado que tiene intención de invocar el artículo 50 antes de que termine marzo de 2017.

El Tribunal Superior de Londres falló en noviembre a favor de la empresaria Gina Miller, de 51 años, que llevó el caso en representación de un grupo de ciudadanos que piden la autorización previa del Parlamento antes de iniciar el proceso del brexit.

En la primera jornada de esta apelación, el abogado general del Estado, Jeremy Wright, esgrimió los argumentos del Gobierno y defendió que éste tiene los poderes ejecutivos -prerrogativa real- para activar el artículo 50 sin una votación de los Comunes.

Al exponer su planteamiento, Wright dijo que es legal esa prerrogativa en este caso porque el Reino Unido es constitucionalmente "dualista", ya que el poder es ejercido tanto por el Parlamento británico como por los ministros del Gobierno.

Wright recalcó que la legislación que autorizó la convocatoria del referéndum sobre la UE del 23 de junio fue aprobada con la "clara expectativa" de que el Gobierno haría efectivo el resultado.

Otro de los abogados del Gobierno, James Eadie, calificó la prerrogativa real como "un conjunto de poderes, bien reconocidos, firmemente establecidos en nuestras disposiciones constitucionales" y considerados "esenciales" para "un Gobierno efectivo".

Por lo tanto, explicó Eadie, "el Gobierno tiene el poder legal para notificar el artículo" ante la UE.  Los abogados que defienden la posición del Gobierno admitieron que se trata de un recurso de "gran significado constitucional", con "interés legítimo" para todas las partes.

La posición favorable a que las cámaras del Parlamento, Comunes y Lores, sean consultadas estará representada por el mismo grupo de ciudadanos, encabezado por la empresaria Gina Miller, que ya presentó el caso ante el Superior.

Estos ciudadanos, que han denunciado que han recibido amenazas de muerte, arguyen que el Gobierno ha de obtener autorización del poder legislativo debido a que la salida de la UE implicará cambios en sus derechos fundamentales adquiridos.

También tendrán la oportunidad de exponer sus argumentos, en todos los casos contrarios a una acción unilateral del Ejecutivo de Londres, los Gobiernos autonómicos de Escocia, Gales e Irlanda del Norte, así como un sindicato de trabajadores.

El representante legal del Gobierno escocés, James Wolffe, alegará que, según su interpretación de la legislación vigente, el Parlamento de Edimburgo debe legislar para autorizar la activación del artículo 50.

El abogado de Gales, Mick Antoniw, ha precisado que, si bien el Gobierno autónomo respeta el resultado del referéndum, considera que el "brexit" traerá cambios en las relaciones autonómicas y estos han de ser autorizados por el Parlamento británico "mediante una ley" concreta y con "el acuerdo de la Asamblea galesa".

El dictamen del Tribunal Supremo, que potencialmente podría ser recurrido ante el Tribunal de Justicia europeo en Luxemburgo, puede hacer descarrilar los planes de May de activar el artículo 50 antes de finales de marzo de 2017.

No obstante, según los expertos legales, aún si el Gobierno pierde esta apelación y un previsible proceso legal posterior ante el Tribunal de Justicia europeo, May no tendría en principio dificultades para que el Parlamento apruebe la legislación que se presentaría para activar el artículo 50 pues los diputados respetarían la voluntad de los británicos expresada en el plebiscito.

En este sentido, la primera ministra se ha mostrado convencida de que ganará el recurso y ha asegurado a los líderes de la UE que mantiene el calendario previsto para las negociaciones.

El Partido Laborista, primero de la oposición en el Reino Unido, ha indicado que, si finalmente hay una votación parlamentaria, no planea bloquear la activación del artículo 50, pero sí pedirá conocer la posición negociadora del Gobierno.

Sin embargo, los europeístas liberaldemócratas, que solo conservan ocho diputados pero tienen un centenar de lores y han adoptado una postura en contra del brexit para recuperar terreno político, han amenazado con boicotear los planes del Gobierno, y queda por precisar la estrategia de los independentistas escoceses, opuestos a la salida de la UE.