En el juicio que se celebrará en este tribunal el próximo viernes, el fiscal sostendrá que ambos, en 1987 y "como miembros del aparato directivo de la banda terrorista", entregaron a los miembros del comando que luego llevaría a cabo el secuestro la cantidad de 30 millones de pesetas para acondicionar un "zulo".

Los etarras Jesús María Uribetxeberria, Xabier Ugarte, José Luis Erostegi y José Miguel Gaztelu, que en 1998 fueron condenados a 32 años de prisión por el secuestro del funcionario de prisiones, alquilaron con ese dinero una nave en la localidad guipuzcoana de Mondragón en la que constituyeron la empresa Jalgi, en principio dedicada a la fabricación de piezas de repuesto.

Sin embargo, y siguiendo las órdenes recibidas, "en el verano de 1988 excavaron en el suelo de la nave y realizaron un 'zulo' de cinco metros cuadrados donde esconderían las armas y los explosivos destinados a los comandos de ETA que actuaban en las zonas de Bergara y Mondragón".

Al cabo de cierto tiempo, "Pototo" les comunicó que el "zulo" debía cambiar de función "y que había que destinarlo para ocultar a personas secuestradas por la banda terrorista".

Así, varios meses después, y concretamente tras el secuestro del empresario Julio Iglesias Zamora, "decidieron ampliar la cueva hecha en la roca" y construyeron un segundo habitáculo de 3,5 metros cuadrados que recubrieron con un toldo, un forro de plástico, aislante acústico y madera para evitar la humedad que se filtraba del río Deba.

"Tanto los gastos de alquiler de la nave como los originados por la construcción de los sucesivos 'zulos' y el mantenimiento del comando fueron sufragados por la banda criminal ETA a través de sus jefes escondidos en territorio francés y que ahora son juzgados", afirma el fiscal en su escrito de conclusiones provisionales.

Añade que, en la primavera de 1995, "Pototo" y Agirre Lete ordenaron a los miembros del comando, que había tomado el nombre de "Goiherri", que secuestraran a un funcionario de prisiones para "presionar al Gobierno para forzar el traslado de los presos de ETA a otros centros penitenciarios del País Vasco".

Durante meses, los etarras vigilaron a varios funcionarios de prisiones y finalmente eligieron como objetivo a Ortega Lara, destinado en el centro penitenciario de Logroño, residente en Burgos "y que es militante del Partido Popular, lo cual, para ellos, es una circunstancia que podría favorecer la presión sobre el Gobierno".

Tras recibir el visto bueno de "Pototo", los miembros del comando secuestraron al funcionario en el garaje de su domicilio el 17 de enero de 1996 y lo trasladaron al "zulo", donde permaneció 532 días, hasta el 30 de junio de 1997, cuando fue liberado por la Guardia Civil.

El fiscal afirma que durante el tiempo que duró el secuestro ETA hizo llegar al Gobierno que la liberación del funcionario estaba condicionada al acercamiento de los presos a las cárceles vascas, a la vez que daba instrucciones al comando para que le mantuviera con vida "para utilizarle como moneda de cambio".

"Pero también estaban advertidos de que de modificarse la situación o no avanzarse en ella (...), deberían darle muere o dejarle fallecer por inanición", añade la Fiscalía, que recuerda el sufrimiento de Ortega Lara durante su cautiverio, durante el que perdió 23 kilos de peso, y afirma que éste había decidido quitarse la vida el 5 de julio.

El fiscal considera que los hechos son constitutivos de un delito de detención ilegal con la agravante de ensañamiento y de otro de asesinato en grado de conspiración, y pide la comparecencia como testigos en el juicio tanto de Ortega Lara como de los etarras que le mantuvieron secuestrado.