Confirman la imputación de 9 jóvenes que se enfrentan a penas de hasta 12 años por una protesta

La Audiencia Provincial de Cantabria confirmó este viernes la imputación de nueve personas por un 'escrache' al entonces presidente de Cantabria, Ignacio Diego, en febrero de 2014, en un acto público en la Universidad que podría suponerles penas de prisión de hasta 12 años.

El tribunal ha desestimado el recurso presentado por los nueve imputados, jóvenes estudiantes de la Universidad que protestaban contra los recortes, y confirma el auto dictado por el titular del Juzgado de Instrucción nº 4 de Santander hace casi dos años -el 5 de febrero de 2015-. La Audiencia  considera que "en este momento procesal concurren indicios racionales suficientes" de que esas nueve personas "pudieran haber cometido alguno de los tipos delictivos que se derivan del relato de hechos punibles".

Los hechos que están a la espera de un señalamiento de juicio, y del pronunciamiento de petición de penas de la fiscalía, ocurrieron el 17 de febrero de 2014, en el edificio de las Universidades. El juez acusa a nueve estudiantes de haberse concertado con la finalidad de alterar el orden público e impedir al presidente de Cantabria acceder a su vehículo oficial, una vez finalizada su acto.

Los nueve imputados, organizados en una plataforma llamada 'Preguntar no es delito', defienden que su protesta fue pacífica y se sienten víctimas de un "montaje orquestado para amedrentar a los estudiantes y frenar la protesta social", según explica a 20minutos uno de los encausados, al que el juez achaca delitos como "atentado contra la autoridad" y "daños" que le podrían suponer una condena máxima de 12 años de prisión.

"Ese día fuimos a entrar a un acto público para hacerle al presidente preguntas incómodas. Pero nos conocían de haber organizado alguna huelga estudiantil y no nos permitieron entrar, a pesar de tener las credenciales universitarias", asegura este joven, hoy profesor de instituto. Lo que ocurrió después, según su relato, fue que "les salió mal el acto, la sala estaba semivacía y para darle la vuelta a lo ocurrido empezaron a decir que había sido un acto violento. Esa retórica llegó hasta el juez y lo convirtió en un proceso penal".

Los estudiantes, algunos de los cuales ya han terminado sus estudios, aseguran que no medió agresión por su parte. "Solo se tensó un poco la situación cuando un guardaespaldas pegó a un chico", señalan. Varios periodistas que cubrieron ese día los hechos han testificado a su favor y han congregado numerosos apoyos entre las formaciones políticas, del PSOE, IU o Podemos, así como de sindicatos. Incluso el actual presidente de la comunidad, Miguel Ángel Revilla, les apoya.

La plataforma de los acusados está pendiente de que se resuelva todavía un segundo recurso presentado por su equipo de defensa, después de la aparición de dos grabaciones que, en su opinión, les darían la razón y probarían que no medió violencia en la protesta. "En el vídeo se puede ver que lo de denunciaron los policías no tuvo lugar, que presentaron facturas falsas e infladas para que fuera delito y que todo es un montaje", consideran los imputados.

Los jóvenes celebra que la sociedad civil les apoye, pero la espera de juicio, que podría sumar hasta 42 años de penas de prisión en conjunto, les está angustiando a ellos y a sus familias. Además, creen que su caso debería abrir un debate sobre el funcionamiento de la Justicia. "Menos mal que están los vídeos y se puede ver lo que ocurrió, sin ellos sería su palabra contra la nuestra y la Justicia presupone la veracidad de la policía. Es muy dura con los débiles y muy laxa con los poderosos", denuncian los imputados.